Brasil asiste a un terremoto político sin precedentes por la corrupción en la petrolera estatal Petrobras: además de los corruptos confesos de la compañía, de los 13 magnates de la construcción detenidos por pagar sobornos, les llegó la vez a los políticos. Son investigados, de seis partidos, entre ellos cuatro ex ministros de Dilma Rousseff, la hija del ex presidente José Sarney y el propio exmandatario Fernando Collor de Mello, hoy senador.

La presidenta Dilma Rousseff no será objeto de investigación, como esperaban los más ferviente opositores que preparaban una marcha para pedir su destitución. Y el líder de la oposición, Aecio Neves, excandidato presidencial, tampoco será investigado aunque sí su mano derecha, el exgobernador de Minas Gerais y senador Antonio Anastasia.

Además, el pedido de investigación aceptado por la Corte Suprema alcanzó dos pilares institucionales, los presidentes de la Cámara de Diputados y tercero en la sucesión presidencial, Eduardo Cunha, y el titular del Senado, Renán Calheiros. Cunha, un ultraconservador del aliado Partido del Movimetno de la Democracia Brasileña (PMDB), acusó al gobierno de Rousseff de haberlo "entregado". Lo mismo Calheiros, tal vez el político que genera más temor entre sus colegas, que cargó las tintas contra el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, el gran acusador del país.

"Hasta 2018, cuando debe terminar el mandato de Dilma, el caso seguirá marcando la agenda. Se vienen nuevos casos que involucran pagos de sobreprecios en obra pública en general, más allá de Petrobras", dijo a El Telégrafo un abogado que actúa en la operación "Lava Jato", que desvendó corrupción por sobornos y sobreprecios de 890 millones de dólares en Petrobras desde 2004 hasta 2014.

El núcleo central de la investigación es cómo la corrupción de la obra pública en todos los niveles acaban siendo "lavada" con dinero en el mercado legal, destinado a las campañas electorales de todos los partidos y en todas las esferas de gobierno: central, regional y municipal.

El opositor PSDB de Neves y del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) respaldan pero no organizan la marcha bautizada "Impeachment Ya" para pedir el juicio político de Rousseff. La presidenta, con su exclusión de la lista de políticos investigados, ganó algo de aire a su ya desgastado segundo gobierno, iniciado el 1 de enero tras su reelección, afectado también con la sombra de la recesión económica.

Los grandes artíficies de la mayor operación de Brasil contra la corrupción en Petrobras son dos delincuentes confesos: el contrabandista Alberto Youssef, operador de una red de lavado de dinero, y el exgerente de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ellos cantaron el andamiaje montado en torno a Petrobras por las empresas constructoras para ganar licitaciones y no perder negocios.

El juez Sergio Moro y los fiscales se basan en estas declaraciones para determinar que las investigaciones permiten que el dinero de la corrupción llegue como dondaciones legales a los partidos políticos.

En la lista de 49, existen 6 políticos del PT como posibles receptores de dinero ilegal, entre los cuales se destacan la ex jefa de ministros de Rousseff, Gleisi Hoffmann, su esposo, el exministro de Comunicaciones Paulo Bernardo; el ex ministro de Hacienda de Lula y coordinador de gabinete de la gestión actual, Antonio Palocci, y el senador Lindenberg Farias.

La investigación contra Palocci se concentra en las donaciones que recibió Dilma en la campaña en la que accedió por primera vez a la presidencia en 2010.

El senador Farias admitió haber recibido dinero para su campaña de la red de Costa, pero dijo desconocer el origen, toda vez que el exdirector corrupto era consultor en asuntos petroleros en Rio de Janeiro.

La apertura de investigación por corrupción de Farias es un gran ejemplo para mostrar la parábola del Partido de los Trabajadores (PT): en 1992, siendo estudiante, comando las protestas de la clase media de los suburbios de Rio de Janeiro para pedir la salida, por desvío de dinero, del entonces presidente Fernando Collor de Mello.

Collor renunció al cargo y actualmente es senador, al lado de Farias. Tanto Farias como Collor de Mello, otrora enemígos acérrimos, están juntos como investigados por el Supremo Tribunal Federal 23 años después.

Entre los investigados, 31 pertenecen al Partido Progresista, una fuerza ultraconservadora pese a su nombre surgida para apoyar a la dictadura militar y cuya existencia se debe, en parte, a su importancia en cantidad de votos. Figuras designadas por esta fuerza en Petrobras son las que protagonizaron el escándalo con más vigor. Mario Negromonte, ministro de las Ciudades echado pro Dilma en 2011, también es investigado

Todos los acusados niegan las acusaciones pero el PMDB del vicepresidente Michel Temer, que controla las cámaras con los investigados Cunha y Calheiros, ya avisaron que le pondrán un freno a las iniciativas económica del gobierno para llevar adelante el ajuste fiscal con el objotivo de lograr un superávit primario del 1,2% del PIB en 2015. El

Entre los que serán investigados por la Suprema corte existe un clan de tradición en la política brasileña, el clan Sarney. La exgobernadora del estado norteño de Maranhao, Roseana Sarney, será uno de los investigados. Su padre, el expresidente José Sarney (1985-1990) y hasta 2014 aliado clave del gobierno, es el gran cacique del PMDB.

"Venganza", acusó el exmandatario.

El Partido de los Trabajadores, por su parte, sostuvo que "se enorgullece de liderar gobiernos que luchan implacablemente contra la corrupción. Fueron los gobiernos de Lula y Dilma los que más garantizaron independencia a las fiscalías y a la policía".

En un comunicado, afirmó que las donaciones de campaña están legalizadas. Sin embargo, el procurador Janot y el juez Moro investigan si existe delito en que una donación de campaña -producto del margen de lucro de una constructora- es legal si en su origen esa empresa sobornó para ganar licitaciones millonarias en el Estado.

La presidenta Rousseff, por su parte, acusó al gobierno de Cardoso. "Si en los noventa hubieran frenado la corrupción, esto no estaría ocurriendo". Ella, en la época de las corruptelas, era la ministra mas poderosa del gobirerno de Lula (2002-2010) y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras.