En Brasil, el país mundialmente conocido por el carnaval y el fútbol, los asesinatos son peores a los registrados a países con horrores generados por el narcotráfico, como México, o a naciones afectadas por las invasiones militares y las guerras, como Irak. Y es más, la Policía brasileña, que mantiene la estructura montada por la dictadura militar, es la más letal del continente americano. El complejo sistema de seguridad pública y privada de Brasil se lleva el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cada 10 minutos una persona es asesinada en Brasil, según la Octava Edición del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que mostró cómo la principal economía de América Latina es una máquina de matar, que encarcela, en su mayoría, a jóvenes pobres, negros y de las periferias de las ciudades.

La situación es la de una epidemia de homicidios, tomando en cuenta el índice de 10 asesinatos cada 100.000 habitantes tolerado por la Organización Mundial de la Salud. Según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, la letalidad  cayó 2,6%, con una tasa que fue del 25,9 al 25,2 por cada 100 mil habitantes.

Según datos de 2013 divulgados el martes por la entidad no gubernamental Foro de Seguridad Pública, ese año hubo 50.806 víctimas de homicidios, contra los poco más de 30.000 en México y los casi 10.000 en Irak. Hubo una leve reducción respecto de 2012. El 68% de los asesinados es afrodescendiente.

Pero el dato que demuestra la letalidad del Estado brasileño es el que indica que en los últimos 5 años la Policía mató en cumplimiento del deber o en ejecuciones simuladas de tiroteos a 6 personas por día (11.197 personas). Este número es superior al de muertes ocasionadas por la Policía de Estados Unidos en los últimos 30 años, según la estadística del Foro de Seguridad Pública.

“Debemos reclamar por el fin de la militarización de la Policía, que es una herencia de la dictadura militar, que tiene en su doctrina que las personas son consideradas posibles enemigos y no a quienes se debería proteger”, dijo ante una consulta de El TELÉGRAFO Rose Nogueira, expresa política al lado de la presidenta Dilma Rousseff a fines de la década del 60 e inicios de la del 70 y presidenta del grupo Tortura Nunca Más, de Sao Paulo.

En Brasil rige el sistema heredado de la dictadura militar que ningún gobierno, desde la redemocratización de 1985, se animó a cambiar. Los estados regionales administran la seguridad con dos fuerzas: la Policía Militar (PM), que hace el patrullaje y la represión directa al delito, y la Policía Civil, encargada de las investigaciones.

La Policía de Sao Paulo, por ejemplo, reivindicaba hasta hace 2 años en su página web su colaboración en el golpe militar de 1964 que instaló la dictadura hasta 1985.

En la visita que realizó a Cuba en 2011, la presidenta Rousseff se negó a hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño, argumentando que su nación carecía de  autoridad en el tema porque “aún se tortura en las comisarías y cárceles brasileñas”.

La letalidad policial en 2013, de acuerdo al informe, fue mayor en Río de Janeiro, seguido por el estado de Sao Paulo y el de Bahía.

“La historia brasileña es la del genocidio indígena, genocidio negro y genocidio de pobres. El Estado está al servicio de la represión y de la muerte”, reclamó el académico Douglas Belchior, integrante de la red UNEAfro Brasil, según el periódico Brasil de Fato.

Uno de los problemas de la seguridad en Brasil, además de la corrupción policial, es que los agentes corruptos forman parte de milicias o grupos parapoliciales cuando están fuera de servicio. En Río de Janeiro estos grupos ilegales controlan favelas y le disputan territorio a los narcotraficantes. La estadística confirma que desde 2009 unos 1.170 policías murieron asesinados y el 60% cayó fuera de servicio, es decir, cuando se involucró en asuntos de violencia sin portar el uniforme reglamentario. El año pasado murieron 490 policías, el 75% fuera de servicio.

El Anuario sobre Seguridad Pública indica que también trazó un alarmante panorama sobre el sistema penitenciario: de los 538.000 presos, 61,7% es negro.

Los afrodescendientes son los más pobres de Brasil, los más encarcelados y los más muertos por la violencia policial. “Existe un racismo socialmente compartido, del cual la Policía no está libre. Los policías repiten los patrones de discriminación que se registran en la sociedad”, dijo Oscar Vilhena, de la Escuela de Derecho de la fundación Getulio Vargas, que participa en la elaboración del anuario sobre la seguridad.

Según el informe de la ONG británica, Brasil es el país donde más se mata a los jóvenes, superando a naciones en situación de guerra.