Fue un mea culpa convincente por su público propósito de enmienda tras más de medio siglo violencia armada. La organización terrorista ETA reconoció ayer por primera vez en su historia el “daño causado” durante su existencia y pidió “perdón” a las víctimas “sin responsabilidad alguna” en el largo conflicto vasco. “Lo sentimos de veras”, añaden en el comunicado enviado en la madrugada de este viernes 20 de abril al diario regional Gara.

Pero detrás de estas palabras, lo que ofrece el anuncio fueron múltiples muestras de que ETA, finalmente, ha comenzado su desmantelamiento definitivo. La lucha armada, explica la organización en el comunicado, “ojalá no hubiese ocurrido nunca” por lo que “entendemos que muchos consideren que nuestra actuación ha sido inaceptable e injusta”. La contrición dejó atónitos a muchos.

Se trata de un paso sin precedentes que los políticos de todas las tendencias del espectro ideológico español captaron con celeridad a la hora de celebrarlo. Sólo hay un detalle para la discusión: ETA pide idéntico reconocimiento de los daños humanos y morales causados por parte del Estado como paso imprescindible “para iniciar la reconciliación” social. El balance de bajas que deja el conflicto vasco es desolador: Casi 1000 muertos, 800 de ellos causados por ETA, en casi 60 de años de enfrentamiento sangriento.

Por fin, después de tanto luto, el anuncio de la disolución de la banda es cuestión de semanas. La reacción del gobierno español no se hizo esperar. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, calificó de “muy buena noticia” que la organización terrorista pida perdón a las víctimas, pero considera que su comunicado “no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho” que ha vencido “con las armas de la democracia”.

Sobre la petición de perdón a las víctimas declarada por ETA, el ejecutivo de Rajoy fue explícito y no mostró la más mínima conmiseración: “Hace mucho tiempo que tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado”. Además, negó que el comunicado se haya producido como moneda de cambio a la cesión de ventajas penitenciarias para los más de 360 presos de la banda dispersos por cárceles del Estado. “No. Ni ha habido ni habrá jamás ningún tipo de contrapartida a la banda terrorista”, zanjó Méndez de Vigo.

En parecidos términos se expresó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que calificó el comunicado de la banda como “el gran paso para la paz definitiva” en España. El presidente de Euskadi, el nacionalista moderado Íñigo Urkullu, se abstuvo de valorar el calado del comunicado y así se mantendrá, dijo, hasta que ETA proclame su final definitivo.

Según diversas fuentes, esa anhelada proclamación podría producirse durante la primera semana de mayo. Sobre la petición de “perdón” a las víctimas, Urkullu aseguró que “es una demanda unánime de la sociedad vasca” y lamentó que no asuma lo “injusta” que fue su actividad y haga una “categorización” de las víctimas.

Mucho más entusiastas fueron las palabras procedentes del campo abertzale (nacionalistas). El coordinador general de la coalición EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que la declaración de ETA constituye “un hecho histórico sin precedentes”, tanto por el contexto en que se produce como por el contenido del comunicado. Para la izquierda independentista vasca, supone una “contribución definitiva a la paz, a la convivencia y la reconciliación”.

Será su último comunicado. Antes, en octubre de 2012, declaró una tregua “unilateral y definitiva” a su actividad terrorista. Ya el pasado año decidió entregar sus principales arsenales a una Comisión Internacional de Verificación encabezada por el ceilandés Ram Manikkalingam, experto en procesos de desarme como el de Irlanda del Norte, Sri Lanka y República Democrática del Congo.

Pero, para entonces, la situación estructural de la organización era desesperada. Acorralada política y económicamente, sus comandos fueron cayendo en cadena por una actuación coordinada entre las policías española y francesa. En la actualidad, hay 360 etarras dispersos por diferentes prisiones de España y Francia. (I)