El 20 de octubre se cumplen cuatro años desde que la banda armada ETA, el último grupo terrorista de Europa, anunció el cese definitivo de la violencia y mostró su deseo de disolverse.

A falta de dos meses para las elecciones generales en España, los cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy han resultado frustrantes para consolidar la paz y la convivencia en Euskadi. Desde que ETA anunciara el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la violencia y expresara públicamente su intención de destruir sus arsenales, el proceso de paz se ha deslizado hacia el abismo por la aversión del Ejecutivo español a aceptar un final negociado. “Que dejen las armas en la puerta de un supermercado o que llamen a la Guardia Civil, pero nada de teatro”, respondió un sinfín de veces el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Desde 2012, Moncloa libra una tenaz campaña contra cualquier fórmula que desborde la consigna de “sin desarme previo, nada de qué hablar”.

DATOS

Euskadi Ta Askatasuna nació en 1959 con el objetivo de luchar contra el franquismo y por la independencia del País Vasco y Navarra.

ETA tiene actualmente, según fuentes policiales de ambos lados de la frontera (entre España y Francia), menos de 30 miembros en libertad.

El año 2015 resultó nefasto para la organización armada independentista vasca, especialmente con la detención en enero de cinco abogados, entre los principales defensores de sus 427 miembros en prisión.

Esa operación policial controvertida asestó un golpe “al mantenimiento de la coordinación y la disciplina” en el seno de ETA, dado que los abogados servían de correa de transmisión, asegura Javier Zaragoza, jefe de la fiscalía antiterrorista españolaEl problema del histórico “adiós a las armas” de ETA radica en que la banda quiere entregar su arsenal a un equipo de verificadores internacionales y que exige el acercamiento al País Vasco de sus 459 presos dispersos por diferentes cárceles del Estado, algo que el Gobierno no está dispuesto a modificar. Para la mayoría de los vascos, las dos condiciones de ETA no son descabelladas ni artimañas para endulzar el fracaso de su lucha. “Es exigir la aplicación del derecho y una política de Estado que ayude a cerrar de forma correcta un conflicto que ha causado mucho daño”, reclama la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Mónica Hernando, en una reciente conversación con EL TELÉGRAFO. Tampoco parece serlo para uno de los jóvenes dirigentes del PP en Euskadi, Borja Semper, quien nunca ha escondido una cierta incomodidad respecto a la inflexible posición del Gobierno en el tema penitenciario. El dirigente cree que el discurso del PP no puede ser el mismo que el de hace una década porque la realidad social y política ha cambiado.

Así lo entienden también el equipo internacional de mediadores que encabeza el sudafricano Brian Currin, experimentado en horrendos escenarios internacionales como el de Ruanda, y que presentaron su fórmula para alcanzar la paz que el Ejecutivo de Mariano Rajoy arrojó a una papelera. Agua gélida para el final de una organización armada ideológicamente socialista e independentista que en medio siglo de historia ha causado casi 900 muertos y miedo en cantidades industriales.

A pesar del terrible coste moral que ha supuesto el terrorismo en España, hay una verdad intangible: la fatiga del odio. La inmensa mayoría de los vascos son unánimes en algo: “ETA tiene que disolverse pero no imaginamos cuándo”. En una reciente encuesta realizada por la prestigiosa Universidad de Deusto, el 70% de los ciudadanos consultados considera que el Gobierno español ayuda menos que la propia ETA a consolidar su disolución y el 73% es favorable al acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco.

Quizá es que el Ejecutivo de Rajoy no quiere desaprovechar la oportunidad de aplastar a la banda ahora que está profundamente debilitada, de humillarla en público tras tantos años de sufrir su aliento tenebroso en la nuca. Hace dos semanas fueron detenidos en Francia tres de sus actuales dirigentes, lo que fue festejado por el ministro del Interior español como “la derrota definitiva de ETA”. Pero si por algo se ha caracterizado la organización terrorista a lo largo de la historia ha sido por su enorme capacidad para sustituir a los líderes. Y Sortu, su brazo político, tiene miles de seguidores. En las últimas elecciones autonómicas rozó la victoria y en el Congreso de los diputados posee una fuerza considerable gracias a los 7 escaños que logró en 2011, 4 menos que Izquierda Unida. Euskadi y Navarra, su territorio de acción, solo tienen tres millones de habitantes pero allí se sabe que es difícil reducir el grupo a cenizas.

Pese a tanto obstáculo, el diagnóstico que realiza el exasesor de la Oficina de atención a las víctimas del terrorismo con los tres últimos presidentes vascos, Txema Urkijo, es optimista: “No hay atentados y los niveles de paz y libertad, aun siendo insuficientes, son desconocidos desde hace muchas décadas”. Puede decirse que Urkijo fue una de las linternas que guiaron a muchas personas hacia la salida del oscuro túnel en el que les encerró el terrorismo. Y parte del éxito consistió en respetar su duelo y fomentar la reconciliación entre quienes lo pidieran. Terapias que la sociedad vasca aún no ha afrontado en su conjunto.

Urkijo no elude la autocrítica al considerar que no todo se está haciendo bien, que siguen existiendo problemas de interpretación sobre aquella noche sin luna que se extendió por el País Vasco. “Negar la existencia de un conflicto también es otro tapón que impide avanzar en este asunto porque sí ha existido, existe y existirá el problema del encaje de los vascos en España. El gran error es caer en la trampa de vincular ese problema político con el armado porque ahí es donde ETA encuentra justificación a sus actos”, indica.

Elecciones dificultan cualquier acercamiento

Hoy parece imposible que se produzcan novedades importantes con unos comicios tan importantes a la vuelta de la esquina. ETA y su entorno siempre han sido un objetivo electoral recurrente. “El Gobierno es consciente de que está en pleno año electoral, que está afectado continuamente por casos de corrupción y de que la influyente AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) es contraria a cualquier acercamiento entre las partes”, indica Paúl Ríos, coordinador del movimiento a favor del diálogo Lokarri, organizador de la Conferencia Internacional de paz de San Sebastián en 2011 que contó con la participación de Kofi Annan y el norirlandés Gerry Adams. “Siguen actuando como si ETA existiera, y ponen obstáculos a aquellos que están a disposición de buscar y alcanzar acuerdos”, sentencia. Se refiere a la prohibición de facilitar los encuentros privados de perdón entre víctimas y victimarios que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

ETA ha renunciado, por el momento, a proseguir con su desarme bajo la supervisión de las autoridades actuales. Y aunque nadie cuestiona que el proceso sea irreversible, la organización terrorista parece haberse propuesto esperar un cambio de Gobierno que sea más favorable al deshielo. (I)

Fiscal asegura que el grupo vive sus últimos días

Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, jurisdicción española encargada de delitos de terrorismo y otros temas complejos como los grandes casos financieros, defiende la estrategia del Estado español con ETA, con la que, afirma, “no hay nada que negociar”.

Para el jurista el grupo está en un proceso irreversible de desaparición. “Tiene muy poca gente militante, muy pocos efectivos que puedan seguir manteniendo viva la estructura de la organización, realizando las labores de dirección, logísticas, de control de armas, de municiones, de explosivos, etc. Posiblemente estemos en sus estertores o momentos finales”.

Para el fiscal ha sido muy importante la colaboración entre España y Francia, la cual ahora se extiende al yihadismo islámico, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas. “Se ha creado entre Francia y España un espacio de cooperación judicial reforzada que no tiene precedentes, que debería ser un modelo para el resto de Europa, porque durante muchos años miembros de la policía y la guardia civil española han trabajado en territorio francés”, cuenta Zaragoza.

Sobre los últimos operativos lanzados contra ETA  dijo que han ayudado a desintegrar la estructura orgánica de la agrupación. “Para ellos era vital mantener una coordinación y una disciplina en el colectivo de presos dentro del ámbito penitenciario. La desarticulación de ese ‘talde’ (comando) de coordinación que había en España y que también existe en Francia de alguna manera ha resquebrajado esa disciplina, esa cohesión interna que había entre los presos de ETA a la hora de plantear reivindicaciones colectivas”, afirma en relación a la detención de sus abogados. (I)