La ley Megan, en Estados Unidos, obliga a las personas condenadas por delitos sexuales contra la infancia a informar a las autoridades locales y a la comunidad, sobre cualquier cambio de dirección o empleo después de ser puesto en libertad de la penitenciaría o institución psiquiátrica.

En España, más de 45.155 personas tienen prohibido trabajar con niños. El Registro Central de Delincuentes Sexuales, en vigor desde 2016, recoge los datos de 42.581 adultos y 2.574 menores sentenciados, lo que les impide acceder a trabajos en los que tengan contacto directo con menores.

En Argentina hay datos provinciales. Solo en Buenos Aires (2010-2017) 2.200 convictos con sentencia en firme figuraban en el Registro de Condenados por delitos contra la integridad sexual. En Chile hay una base que supera los 6.000 nombres, 3.089 inhabilitados de trabajar con menores de manera perpetua.

En El Salvador, Perú, Colombia, Panamá, Reino Unido, Francia, entre otros países, se aplican leyes similares. (I)