Un hermano del fallecido líder venezolano, Hugo Chávez, y otros siete políticos en Venezuela fueron sancionados ayer por Estados Unidos por su vinculación con la polémica Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro aplicó medidas financieras contra Adán Chávez, Francisco Ameliach, Erika Farías, Carmen Meléndez, Ramón Vivas, Hermann Escarra, Tania D’Amelio y Bladimir Lugo, por estar involucrados con la Constituyente que rige desde el 4 de agosto con poderes absolutos, enfrentando un amplio rechazo internacional.

Adán Chávez era ministro de Cultura y recientemente fue nombrado secretario de la comisión presidencial de la Constituyente.

“El presidente Maduro instaló esta ilegítima Asamblea Constituyente para afianzar más su dictadura y continúa estrechando su control sobre el país”, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, mediante un comunicado.

Las sanciones suponen el congelamiento de los bienes que estas personas tienen en jurisdicción de Estados Unidos, y la prohibición de ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) aplicó estas medidas amparada en un decreto de 2015, el 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela que socaven la democracia en el país.

El Gobierno Bolivariano denunció en varias ocasiones el asedio internacional y la injerencia de Estados Unidos en sus asuntos.

“A la comunidad internacional, no se equivoquen con Venezuela. El mensaje está claro, muy claro: los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestra crisis, sin ningún tipo de interferencia extranjera, sin ningún tipo de mandato imperial”, advirtió días atrás Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente.  

Con estas nuevas sanciones, ya son 32 los funcionarios venezolanos castigados por el Gobierno de Estados Unidos, acusados de quebrar la democracia, incurrir en corrupción o violar los derechos humanos, desde febrero de 2017.

Tras la votación de la Constituyente, Washington impuso sanciones económicas y jurídicas directas al presidente Nicolás Maduro y amenazó con “medidas fuertes y expeditivas”. Pero, por ahora, solo se limitó a penas individuales.

La Casa Blanca entonces admitió que sopesa cruzar un umbral e imponer sanciones sectoriales a Caracas. Sería un golpe casi mortal al comercio petrolero, el único sustento de la economía venezolana. Además, una maniobra de este tipo podría dañar especialmente a los ciudadanos venezolanos y los intereses petroleros de Estados Unidos, que compra 800.000 barriles diarios de petróleo de los 1,9 millones que produce Venezuela.

Pese a la presión internacional, la Constituyente de Maduro amplía sus funciones. En la madrugada del martes la policía militarizada bloqueó el ingreso al recinto donde sesionaba el Parlamento de mayoría opositora, impidió la entrada de los diputados y entregó el edificio a la Asamblea Constituyente, integrada exclusivamente por legisladores oficialistas.

La nueva Asamblea, elegida el pasado 30 de julio en unos comicios que no son reconocidos por la oposición, ni por buena parte de la comunidad internacional, tiene como objetivo reformar la actual Constitución, para lo que cuenta con plenos poderes sobre las instituciones del país. (I)

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MUD inscribirá candidatos a las regionales

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó por consenso inscribir candidatos en las próximas elecciones regionales que se realizarán el próximo 10 de diciembre.

El dirigente del partido Causa Radical, Andrés Velásquez, aseguró que la decisión fue tomada por consenso entre los partidos que conforman la coalición opositora. El registro de candidatos va acompañado “por la decisión de profundizar la presión de calle”, subrayó.

El poder electoral abrió el martes el plazo para la preinscripción de aspirantes, que cerró la medianoche de ayer.

Las regionales debieron celebrarse el pasado diciembre, pero fueron pospuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que en mayo anunció la nueva fecha.

Tras denunciar el “fraude más grande de la historia” en la votación de la Asamblea Constituyente, el 30 de julio, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, la MUD afronta el dilema de las regionales, con el riesgo de perder apoyo popular como pasó cuando aceptó a fines de 2016 un fallido diálogo con el gobierno. (I)