Madrid.-

Miles de ciudadanos españoles se tomaron las calles ayer, en varias ciudades de España, para protestar contra las medidas de austeridad y la corrupción que, en su opinión, suponen “un golpe de Estado financiero”.

“En un sistema falsamente democrático, donde nuestra única participación es elegir a la élite que nos gobierna durante cuatro años y que nos va a traicionar, la única forma que tenemos los ciudadanos de protestar es tomando las calles”, expresó Luis Montes, portavoz de la plataforma “Marea Ciudadana” que coordinó todas las iniciativas de protesta.

Las concentraciones y marchas “multicolores” se alternaron hasta la noche en las avenidas principales de las mayores ciudades de España: una “marea” blanca, otra verde y varias “mareas” rojas por la coincidencia en el color de Izquierda Unida y de los trabajadores de la sanidad pública.

Importantes colectivos de bomberos, periodistas y educadores fueron movilizados por sus respectivos sindicatos. Asistieron también los miembros de decenas de asambleas populares del Movimiento 15M, los afectados por los desahucios y la estafa hipotecaria.

Entre la multitud destacaban los trabajadores de Iberia, la compañía aérea que pretende despedir a 3.800 personas, con chalecos amarillos fluorescentes; la “marea negra” de los mineros con el casco y la linterna en la cabeza, denunciando tras una gran pancarta que “la violencia es cerrar las cuencas mineras y no ofrecer ninguna alternativa”.

La gente no solo denunció los problemas que afrontan sus familias, sino también la corrupción de las autoridades, la pérdida de la legitimidad de las instituciones, la ola de suicidios generada por esta “mafia gobernante”, según aseguró el analista Francisco González Tejera.

A juicio de Tejera, los manifestantes coinciden en la opinión de que el Gobierno ejerce “una política que roza el fascismo” y “que hunde en la pobreza a millones de españoles”.

En el epicentro de la cólera se encuentra la política de austeridad desplegada en el último año por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy con el fin de ahorrar 150 millones de euros en tres años, hasta 2014, y sanear el déficit público.

Pero esta política de rigor draconiana se percibe mayoritariamente como un freno al crecimiento económico en un momento en que España se estanca en la recesión y registra un paro superior al 26%.

Además, la sombra de la duda se ha instalado en las principales instituciones del Estado, salpicadas en numerosos casos de una corrupción que, incluso, alcanza a la monarquía.

La fecha del 23 de febrero fue escogida con antelación, pues se trata del día en que se cumplen 32 años desde el intento del golpe de Estado emprendido por un grupo de oficiales de la Guardia Civil y el Ejército contra el gobierno democrático.

En 1981, recordaron en la plataforma organizadora, la ciudadanía salió a las calles para expresar su rechazo rotundo al golpe de Estado militar. Ahora hace lo mismo para manifestar su malestar por el golpe de Estado de los mercados.

“Estamos ante un auténtico golpe de Estado financiero, por eso escogimos esta fecha. Pensamos que nuestra democracia está amenazada y por eso salimos a las calles para exigir una democracia real en la que la gente pueda decidir sobre su futuro”, explicó Paco Segura, portavoz de la asociación participante Ecologistas en acción.