A la muleta de Angustias no le quedan muchos días de agitación como el de ayer en Madrid. A los 75 años, esta mujer menuda como un suspiro es la que más ruido producía golpeando rítmicamente con su bastón la chapa metálica que protege una obra junto a la Puerta del Sol de Madrid. “No podrán silenciar la voz del pueblo”, gritaba a viva voz. “Tengo muchos años como para que vuelvan a obligarme a no decir lo que pienso”, añadió con rotundidad. Angustias sufrió la tortura durante la dictadura de Franco y ayer acudió a la protesta  para mostrar su indignación contra la nueva Ley de Seguridad ciudadana que el gobernante Partido Popular pondrá en marcha hoy.

La protesta serpentea por las calles de este país y roe la vida diaria de muchos españoles que ya no saben hacia dónde ir. “No estamos en una dictadura, pero hay mucha gente que antes no decía nada y que hoy se va sumando al bloque del cambio. No podemos aguantarlo más”, explicó Juan González, de la ONG Greenpeace, cinco de cuyos activistas se encaramaron a una grúa de construcción que hay junto al Congreso para desplegar un enorme mural donde se lee “No a la ley mordaza”. Hoy, cuando la ley ya esté en vigor, este acto de protesta podría costarle a la organización entre 30.000 y 600.000 euros de multa. Esta norma también está diseñada para castigar a quien impida la ejecución de un desahucio o a quien asista a un migrante sin documentos. Como era de esperar, colecciona decenas de recursos en todas las instancias judiciales del país. El máximo órgano, el Tribunal Constitucional, admitió a trámite la mayoría y empezó a escrutar sus artículos para saber si supera los límites lógicos del juego democrático.

El PSOE mantiene una batalla abierta por su derogación en el Parlamento, Podemos y el movimiento del 15M se han lanzado a las calles y hasta el liberal Ciudadanos de Albert Riveras observa peligrosas intenciones en su ordenamiento jurídico. “Un desastre, vamos, una vuelta más del nudo que nos ahoga”, exclamó una joven ataviada con un pañuelo que oculta su boca.

La nueva ley permite que se castigue al mismo nivel a quien organiza una protesta sin permiso que a quien difunde mensajes en las redes sociales sobre esa cita, aunque luego no acuda ni sepa cómo ha acabado la manifestación. Las multas para estos también van de los 30.000 a los 600.000 euros. La jornada transcurrió relajada, aturdida por un calor sahariano que el asfalto recalentado multiplicó por dos. Un grupo de policías observó la cola de la protesta. “No habrá más de 3.000 personas”, comentó. A su lado tres jóvenes bien vestidos y el pelo engominado hablaban de Grecia ajenos a la manifestación: “Primero destrozan Grecia y ahora quieren hacer lo mismo con España”, dijo en voz baja.

Es cierto que la manifestación de Madrid no fue tan numerosa como sus organizadores esperaban. Pero, además de la capital de España, miles de ciudadanos salieron a protestar en todas las capitales del Estado.

En Barcelona calculan que acudieron 5.000. En Bilbao, 3.000. En Valencia, Murcia y Sevilla, alrededor de 2.000 manifestantes. Hay cansancio con las restricciones. Sobre todo entre las personas de mayor edad. “Un gobierno de derechas es un gobierno poco democrático”, exclamó una jubilada envuelta en la bandera española republicana, la tricolor, “rojo, gualda y morada, la verdadera bandera de este país, la que nos quitó Franco”, grita.

“¿Y Grecia, cómo va? ¿Ganarán el domingo el referéndum? Tienen que ganar, hay que cambiar esto desde el sur, no podemos seguir dominados por la señora Merkel”, preguntaba interesado Antonio, un dirigente socialista que fue concejal de su pueblo, Chinchón. Sigue existiendo una extraña comunicación a distancia entre Grecia y España. Arrancó en 2010 con la emulación de los Indignados en la plaza Syntagma, como reacción a un cartel en la Puerta del Sol que decía “cuidado, no despertéis a los griegos”. Continuó durante los planes de ajuste griegos cuando la gente advertía que ellos, los españoles, serían los próximos.

Culmina ahora con el nacimiento de un proyecto político paralelo, respuesta a los planes de austeridad y a los recortes en libertad de expresión. “Somos casos muy distintos tanto desde el punto de vista económico como el político. En Grecia no se puso en marcha esta ley mordaza”, matizó un manifestante que caminaba mientras subía fotos a las redes sociales. Dijo que solo utiliza internet para expresar su malestar. “Para que la gente pueda estar informada, no para crear problemas de seguridad nacional”, explicó sentado frente al escenario de oradores. Es otra muestra luminosa desde la que se comprende la lucha de los españoles por cambiar las cosas. Mañana, puede que ya no puedan ayudar a un migrante en apuros. (I)