El líder del conservador Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, dejó entrever ayer que deberá redoblar los esfuerzos y hacer gala de una generosidad infinita para ser investido presidente del Gobierno de España en las próximas semanas. Con la reiterada negativa a apoyarle mostrada por el PSOE y las condiciones leoninas que le exige Ciudadanos para variar su abstención, el candidato derechista ha comenzado a estudiar la posibilidad de no someterse al amargo escrutinio del Congreso y convocar directamente nuevas elecciones, las terceras en menos de un año.

Aunque el portavoz del PP, Pablo Casado, aseguró ayer nadie en su partido ha planteado “otra alternativa que no sea la investidura normal” de Rajoy, el vicesecretario del PP, Fernando Martínez-Maillo, explicó en una entrevista radial que el hecho de que la Constitución española “no contemple” algunas cosas no significa que las prohíba. Y aunque no lo citó expresamente una de ellas podría ser este posible quiebro al veredicto de la Cámara baja ante la “situación de bloqueo que vive España”. De llevarse a cabo sería la primera vez que ocurre algo similar en los 40 años de la democracia ibérica y abriría las compuertas a una crisis institucional de magnitudes colosales. Una de ellas afectaría directamente a la jefatura del Estado, el rey Felipe VI, cuyo papel como árbitro político quedaría por segunda vez en evidencia tras el fracaso de la anterior legislatura.

La otra tiene aún mayor trasfondo ya que constataría la ingobernabilidad de un país como España, la quinta economía potencial de la UE y la décima de un mundo en crisis. De hecho, el rumor de que la decisión de saltarse la confianza del Congreso es el plan de emergencia diseñado por Rajoy si no logra reunir previamente los apoyos necesarios cayó ayer como una bomba sobre el resto de fuerzas políticas que advirtieron a Rajoy de la ilegalidad de sus presuntas intenciones. “Es absolutamente inaceptable e irresponsable que especule con la posibilidad de no presentarse a la investidura. Es inconstitucional. Por lo tanto le pedimos seriedad, responsabilidad y respeto a la Constitución”, dijo el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando. El PP anunció de inmediato que Rajoy se reunirá el próximo martes con Sánchez y el miércoles con Rivera en un último y desesperado intento para ablandar las posturas de PSOE y Ciudadanos.

Sin embargo, el enredo del proceso de “desconexión” de Cataluña del resto de España que retozaba desde hace meses en el silencio volvió ayer a proporcionar a Rajoy un magnánimo balón de oxígeno tras la decisión del Parlamento regional de activar de forma inmediata “los mecanismos unilaterales para desbloquear” la situación en la que se encontraba. En otras palabras, la orden es terminar de romper los diques que une a Cataluña con España y proclamar la independencia, tal y como pactaron en septiembre pasado los partidos nacionalistas.

Para el gobierno español en funciones, esta medida supone “un desacato al Tribunal Constitucional”, según dijo la vicepresidenta del ejecutivo de Rajoy, y ha dado luz verde a la acusación penal contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por desobedecer las sentencias judiciales y por ser “la persona claramente implicada y afectada” que lidera una institución que vulnera “de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional”. Nuevos y graves rifirrafes políticos y jurídicos se alzan en el horizonte inmediato de España.

Para los promotores políticos de la independencia de Cataluña, es “inadmisible e inaudito que una presidenta escogida por los representantes del pueblo pueda ser apartada de sus funciones por un determinado tribunal”, afirmó Neus Munt, portavoz del Ejecutivo catalán. De prosperar la vía penal iniciada ayer por el gobierno en funciones de la nación, Forcadell y todos los miembros del ejecutivo autonómico podrían ser castigados con multas que oscilan entre los 3.000 $ y los 30.000 $ y la suspensión del desempeño de sus funciones públicas.

Donde la sangre más se caldeó ayer fue en Parlament de Cataluña. Su presidenta, Carmen Forcadell, visiblemente irritada aseguró que “sería profundamente antidemocrático” ser inhabilitada y añadió, además, que la decisión del gobierno del PP no servirá para resolver la cuestión catalana. “Están coartando la libertad de expresión de los diputados. No quieren que debatamos. Es muy triste”, declaró tras conocer su imputación penal por desacato.

Sin duda, se trata de otra vuelta de tuerca en la increíble pero verdadera historia de la política española donde nadie logra ponerse de acuerdo para formar gobierno desde hace 7 meses y el principal aspirante para hacerlo se encuentra contra las cuerdas. (I)