El gobierno conservador español aprobó este viernes por decreto una legislación laboral que abarata los despidos de los trabajadores, como parte de las duras reformas estructurales exigidas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La administración de Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), rebajó el coste de indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado, desde los 45 actuales, y con un tope de 24 mensualidades, frente a las 42 vigentes.

Según anunció en rueda de prensa, la ministra española de Empleo, Fátima Báñez, quien calificó de histórica esta nueva modificación del mercado de trabajo -la segunda en menos de dos años-, el despido procedente (por causa justificada) será de 20 días y 12 mensualidades.

Al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró, por su parte, que la iniciativa adoptada este viernes “marcará un antes y un después” en la legislación laboral de este país europeo.

Ambas vías, la de reducir las indemnizaciones por despido improcedente (la más utilizada en España, pese a ser el camino más costoso) y la de facilitar la rescisión procedente, ya fueron exploradas por el anterior ejecutivo socialista con su reforma laboral de 2010.

La de hoy es la tercera gran transformación económica emprendida por el gobernante PP, tras la reforma presupuestaria para lograr el déficit cero en 2020 y la del sector bancario, con el objetivo de sanearlo de sus activos inmobiliarios problemáticos.

Rajoy afronta ahora otro punto débil de la economía nacional, el desempleo, que al cierre de 2011 superó la barrera de los cinco millones de parados, el 22,8 por ciento de la población activa, la tasa más alta de la UE.

De acuerdo con el Palacio de la Moncloa (sede del poder central), el objetivo de la flamante normativa es facilitar la contratación, evitar los despidos, reducir la dualidad entre trabajadores temporales y fijos y atajar las causas de la economía sumergida.

Sin embargo, para los dos sindicatos mayoritarios de la nación ibérica, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT), las reformas laborales no crean empleo por sí mismas.

A su juicio, todos los cambios introducidos hasta ahora en el mercado de trabajo han aumentado el desempleo y la precariedad del mismo, porque las dificultades de la economía española no se resuelven con estos cambios legislativos.

El problema brutal ha sido la caída de la actividad como resultado de los paquetes de ajuste y recortes que se están aplicando en España y Europa, lo cual demuestra el fracaso de las políticas neoliberales, aseguró hace unos días Toni Ferrer, de la UGT.

En opinión del secretario general de la UGT, Cándido Méndez, lo que se pretende con la reforma es sacrificar derechos, “que ya están muy tocados”, para contentar a los mercados financieros./PL