El Gobierno español aprobó ayer su proyecto de presupuesto para 2012, que prevé un recorte de más de 27.000 millones de euros, sobre todo mediante la congelación del salario de los funcionarios y una baja de los presupuestos de los ministerios de 16,9% como promedio.

“Estamos ante una situación límite”, reconoció la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros, y resaltó que la primera obligación es volver a encontrar cuentas públicas saneadas. España se ha comprometido a reducir de aquí a fines de 2012 su déficit público de 8,51% a 5,3% del PIB.

Sáenz resaltó la necesidad de apoyar a aquellos que más lo necesitan y a no paralizar el crecimiento y la creación de empleo, en un país con una tasa récord de desempleo (22,85%).

Es por ello que se ha decidido mantener la actualización de las pensiones, conservar el sueldo de los funcionarios pero no rebajarlos, mantener las prestaciones por desempleo y mantener el gasto social como las becas, explicó.

También dijo que no se subirá el impuesto sobre el valor añadido para no perjudicar el consumo, pero sí el impuesto de sociedades a las grandes empresas.