España: prisión para cuidadora de centro en el que murieron tres niños
Un juzgado español ordenó hoy el ingreso en prisión de una cuidadora uruguaya, de 55 años, como supuesta autora de la muerte de tres niños con discapacidad en un centro de acogida de Boecillo (Valladolid, centro), según informaron fuentes próximas al caso.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid adoptó esta decisión tras tomar declaración a la cuidadora durante más de media hora en el módulo de Vigilancia Penitenciaria del Hospital Clínico Universitario de esta ciudad, donde la mujer permanece ingresada bajo custodia policial.
Así, el Juzgado ordena prisión sin fianza y comunicada para la monitora, quien en su declaración manifestó que no recuerda lo que ocurrió en el momento preciso de las muertes de los pequeños y que sólo quería morirse, precisaron las fuentes.
Los tres menores, con edades comprendidas entre 3 y 14 años, fallecieron ayer de forma violenta -por asfixia- en un centro de acogida perteneciente a la ONG Mensajeros de la Paz.
La cuidadora que hacía el turno de noche en el centro, identificada como G.L.B.H., de 55 años y de origen uruguayo, está ingresada desde ayer en la unidad psiquiátrica de un hospital de Valladolid "con custodia policial", según fuentes oficiales.
El suceso ocurrió ayer en las instalaciones que gestiona Mensajeros de la Paz en Boecillo, situada a una docena de kilómetros de Valladolid y con un censo de unos 4.000 habitantes.
Desde allí, una llamada alertó al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León sobre un posible intento de suicidio en el centro de acogida, informaron fuentes de la investigación.
Ya en el lugar del suceso, los agentes hallaron muertos, al parecer asfixiados, a tres niños, de 3, 9 y 14 años, uno de ellos nacido en Burgos, otro en Salamanca y un tercero en Malabo (Guinea Ecuatorial).
Encontraron además a una monitora de las instalaciones, G.L.B., originaria de Uruguay, herida en la cabeza y las muñecas, se supone que por lesiones causadas por ella misma por un arma blanca.
Las instalaciones en las que fueron encontrados los cadáveres están destinadas a niños que sufren discapacidad, en concreto movilidad reducida entre el 78 y el 90 por ciento.