“Los legítimos poderes del Estado van a asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho”. Estas palabras pronunciadas por el rey de España en su discurso del martes han colocado la crisis de Cataluña al borde del despeñadero.   

El alineamiento sin ambages de Felipe VI con las posiciones del gobierno de Mariano Rajoy desató ayer una miríada de reacciones a favor y en contra ante la inminente resolución de un enfrentamiento institucional que ya se ha trasladado a las calles. Hay fecha y hora: el lunes a las 10 horas está convocado un pleno extraordinario en el Parlamento para que, presumiblemente, el presidente Carles Puigdemont declare la independencia. Si lo hace, las consecuencias para Cataluña pueden ser devastadoras.

Con el consentimiento del jefe de Estado ya sobre la mesa, el gobierno español activará de inmediato el art. 155 de la Constitución para suspender parcialmente el autogobierno actual y desplegar una serie de medidas excepcionales que han puesto a temblar a medio país solo con imaginarlo: convocatoria de elecciones, actuaciones penales contra los promotores del referéndum y prohibición de protestas callejeras.  

De hecho, ayer comenzaron los primeros movimientos de lo que está por llegar con el anuncio del traslado a Cataluña de unidades del ejército de tierra para reforzar a los 10.000 agentes enviados la semana pasada por el gobierno. Además, la Audiencia nacional decidió imputar a dos de los cerebros del referéndum, los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y del Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y al jefe de la policía autónoma, el mayor Josep Lluis Trapero, por un delito de sedición sancionado en el código penal español hasta con 15 años de cárcel.

Guste mucho o nada, la realidad es que el discurso del rey ha desencadenado reacciones que van a resultar decisivas. Para empezar, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ha oscilado durante las últimas semanas entre los 2 frentes y que ha hecho del diálogo su arma política, ha quedado tensionado al máximo porque el jefe del estado le ha llamado a filas.

Su incómoda situación quedó patente ayer con las declaraciones antagónicas realizadas por dos miembros destacados del partido. Por un lado, quien fuera exvicepresidente de uno de los gobiernos de Felipe González, Alfonso Guerra, aseguró en una entrevista radial que Cataluña “lleva 40 años controlada por rufianes y que la televisión pública allí es sectaria”. Luego añadió que los últimos acontecimientos vividos son “golpe de Estado” catalán y el referéndum del domingo se trató de un “repugnante fraude electoral”.

Defensa del diálogo

Sin embargo, en Bruselas, los europarlamentarios socialistas Javier López e Iratxe García defendieron la necesidad de abrir un “diálogo” entre los gobiernos español y catalán, e incluso reconocieron la posibilidad de que la cuestión identitaria catalana se resuelva mediante un referéndum pero “tras un acuerdo político de las fuerzas de nuestro país. Volvemos a apelar entendimiento entre las partes. Dialoguemos por favor, dialoguem si us plau (en lengua catalana)”, afirmaron en una sesión bronca como pocas en la Eurocámara.

Durante la intervención del representante de Podemos, Miguel Urbán, se escucharon abucheos procedentes de los asientos ocupados por representantes del PP, y el discurso de la portavoz de Izquierda Unida, Marina Albiol, crítico con el jefe del Estado español, fue interrumpido por un grito de “viva el rey” que dejó sorprendido a parte del hemiciclo.  

Precisamente, durante esta abrupta sesión del Parlamento europeo se anunció la predisposición del presidente de Euskadi, Iñigo Urkullu, a mediar en este conflicto ya que mantiene una buena relación con ambos gobiernos. Pese a que tiene pocos visos de que prospere, Urkullu se pone a disposición del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para propiciar “una mediación europea” en esta crisis de Estado apelando a que la UE “no se construyó intercambiando reproches y esgrimiendo los límites de la ley sino escuchando, entendiendo al otro y construyendo una entidad de convivencia entre todos”.

La situación es crítica. La prueba es que la bolsa de valores española, el Ibex 35, inmune hasta ahora a la escalada de tensión política, se desplomó ayer al sufrir una caída de 2,85% y perder 10.000 puntos en su peor sesión desde el Brexit, el 23 de junio de 2016. Los expertos atribuyen este derrumbe al nerviosismo que empiezan a sentir los inversores ante una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña. Algo que podría suceder el lunes y que aumentará la herida política abierta en este conflicto. (I)