Madrid.-

El gobierno español anunció ayer una moratoria de dos años en los desahucios para los propietarios más vulnerables, una medida de urgencia para dar respiro a cientos de familias en riesgo de perder sus inmuebles. Además, aprobó  la creación de un “fondo social de viviendas” que podrán ser alquiladas por los deudores de hipotecas que hayan perdido sus casas.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, explicó  que la bolsa de pisos para alquilar del nuevo fondo se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, señaló que los alquileres tendrán “precios bajos” y aseguró que en el futuro habrá más medidas para paliar los desahucios.

Lo aprobado  es una respuesta urgente y paliativa a la “dura” situación económica, dijo Saénz de Santamaría, quien expresó que este decreto se tramitará en el Parlamento, donde el Ejecutivo espera aportaciones de todos los grupos políticos.

El lunes la Asociación de Bancos Españoles también  anunció una medida similar, en un momento en el que los casos se multiplican en España, con 350.000 órdenes de desahucios emitidas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, lo que precipitó al país a la crisis.

A las medidas aprobadas por el Ejecutivo español se podrán acoger los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados. Se beneficiarán familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o en situación de dependencia o enfermedad que les impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género.

También podrán beneficiarse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia o enfermedad grave.

Adicionalmente será necesario tener una renta inferior a 1.600 euros mensuales (2.041 dólares), o que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas. En cualquiera de los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.

Las organizaciones de afectados por los desahucios calificaron como “absurdas” las condiciones aprobadas por el gobierno, y pidieron que las medidas se apliquen en “todos los casos de vivienda habitual y con motivos de insolvencia sobrevenida”.