La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, fue aprobada ayer por el Congreso de España con los votos a favor del gobernante Partido Popular pese al rechazo del 82% de los españoles, según una encuesta realizada por Metroscopia. El texto pasará ahora al Senado.

Sus retractores afirman que la legislación supone un retroceso en materia de derechos fundamentales, como los de libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica.

El proyecto de ley contiene una serie de disposiciones que limitarían cuándo y dónde podrían tener lugar las protestas, interfiriendo indebidamente con el derecho de reunión pacífica, incluido el derecho a las protestas espontáneas.

Las personas definidas como “organizadores” de dichas manifestaciones en lugares públicos podrían afrontar multas de hasta 600 euros (unos $ 752), cuando las autoridades no hubieran sido notificadas con antelación, independientemente de que provoquen o no disturbios.