Barcelona/ La Paz.-

El grupo español Abertis reclama $ 90 millones al gobierno boliviano por la nacionalización de su filial aeroportuaria Sabsa y estudia acciones jurídicas internacionales.

La medida también fue rechazada por el gobierno español, que convocó a la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, para trasladarle la protesta oficial por la decisión “no amistosa”.      

Ante esto, el ministro del Presidente de Bolivia, Juan Ramón Quintana, afirmó que su gobierno optará por la prudencia frente a la reacción de España. No obstante, señaló que actuará con firmeza en la defensa de los intereses nacionales.

El presidente boliviano, Evo Morales, anunció el lunes la nacionalización de Sabsa, que administra los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, alegando la falta de inversiones por parte de la casa matriz y criticó los “sueldos exorbitantes” que percibían los ejecutivos.          

Ante esto el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, aseguró que entre 2005 y 2012 Abertis invirtió $13 millones en Bolivia a los que hay que sumar los cánones de concesión, por unos $39 millones, y otros $8 millones más en impuestos, en total unos $60 millones.

Además recordó que es la sexta empresa española que sufre una expropiación en Bolivia en los últimos años, por lo que Abertis también va a dar cuenta de lo ocurrido a la Unión Europea (UE).   

En los últimos 10 meses, el Estado boliviano nacionalizó tres compañías pertenecientes al Estado español y empresas de ese país. La primera fue la Transportadora de Energía Sociedad Anónima, luego las acciones del grupo Iberdrola en cuatro distribuidoras y administradoras de servicios eléctricos, y la última es Sabsa. Esto, además, se suma a la estatización de los recursos hidrocarburíferos, lo que afectó a Repsol, transnacional del país.               

Por ello, Reynés explicó que la expropiación no les ha cogido por sorpresa, ya que en el 2011 Abertis ya interpuso una reclamación en el tribunal internacional de arbitraje a raíz de la congelación de las tarifas.   

Por ello, Reynés estimó  que los $90 millones  serían “una justa compensación” considerando  lo ya perdido por la compañía más lo que quedaría por recuperar, calculado a partir de un proceso de arbitraje.            

Según la empresa española, el ejecutivo boliviano rebajó y congeló las tarifas de los aeropuertos que “están actualmente a niveles equivalentes a los vigentes en 2001” y desde 2005 fue aumentando por decreto los salarios año a año a un nivel muy por encima de la inflación, situando a Sabsa en una situación financiera cada vez más delicada.