¿Declarar la independencia de Cataluña o renunciar y mantener abierta la puerta al diálogo? El dilema del presidente regional Carles Puigdemont mantiene este martes en vilo a España, que vive su peor crisis política en décadas.

Prueba de la tensa espera que rodea esta declaración prevista ante el Parlamento catalán la policía catalana cerró al público el recinto donde se encuentra la sede parlamentaria para "prevenir situaciones de presión sobre la actividad parlamentaria", señaló un portavoz del cuerpo policial, ya sean unionistas o independentistas.

A partir de las 16H00 GMT, Puigdemont comparece ante su parlamento por primera vez desde el referendo prohibido del 1 de octubre, que su gobierno consideró vencido por los independentistas a pesar de la baja participación.

El contenido de su discurso es una incógnita: inicialmente prometió declarar la secesión como colofón a la escalada con el gobierno central de Mariano Rajoy, firmemente opuesto a permitir una consulta legal reclamada por una amplia mayoría en la región.

Las principales asociaciones separatistas de la región habían convocado una manifestación frente al parlamento para "apoyar y defender la declaración de independencia", y que finalmente será trasladada al exterior de este parque.

Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy promete actuar con firmeza si los dirigentes regionales avanzan con la ruptura y sobre la mesa está la suspensión de la autonomía regional o incluso decretar un estado de emergencia.

Pero las presionas nacionales e internacionales, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, podrían moderar la postura de Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar el conflicto.

En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados.

Madrid cuenta con el apoyo de Europa, dijo en Luxemburo el ministro español de Economía, Luis de Guindos, asegurando que la respuesta al órdago catalán será la "adecuada".

"Esto no es un tema de independencia sí, independencia no. Esto es un tema de rebelión contra el Estado de derecho y el Estado de derecho es la base no solamente de la convivencia en España sino también de la convivencia en Europa", estimó De Guindos.

Sobre la mesa está la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia en la región.

En los últimos 100 años, el gobierno catalán ha proclamado en dos ocasiones la independencia, sin que llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue Francesc Macià en 1931, y el segundo Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.

Las apelaciones al diálogo proliferan por Cataluña, España y Europa ante un choque institucional que profundizaría la división en la sociedad catalana, partida casi por la mitad sobre la cuestión.

"No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas", dijo el lunes la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, pidiendo a Puigdemont no declarar la independencia.

En el referendo del 1 de octubre, marcado por la violencia policial para impedir el voto en determinados colegios, sólo un 43% de los 5,3 millones de electores potenciales participaron, un 90% a favor de la secesión.

Muchos contrarios a la independencia, que el domingo se manifestaron por cientos de miles en Barcelona, optaron por abstenerse en esa consulta que consideraban ilegítima y sin garantías de neutralidad.

Puigdemont se encuentra también ante la presión de los suyos que no quieren renunciar a su sueño.

Después de años movilizándose y reclamando sin éxito un referéndum acordado con Madrid, se consideran legitimados para declarar unilateralmente la secesión, especialmente tras las cargas policiales para impedir el referendo del 1 de octubre.

"La única forma de poder asumir un escenario de diálogo y de mediación con el Estado es poder hacerlo como iguales" tras proclamar la secesión, dijo Benet Salellas, portavoz del partido de extrema izquierda CUP, que sostiene al gobierno regional.

Ante este extremo, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural.

"Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación" del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar "hacia la insolvencia económica".

José Luis Bonet, presidente de Freixenet, la gran marca de cava -vino espumoso catalán, se mostró convencido de que habrá declaración de independencia pese a que sería "un desastre".

"Si lo hacen será un desastre pero en cualquier caso lo harán", dijo a la radio Cadena Ser, avisando de que su marca seguirá el camino de las principales empresas y se irán de Cataluña.

"Lo que sí es seguro es que va a continuar el éxodo" de empresas, pronosticó. (I)