“El combate contra el fraude fiscal en España ha mejorado pero no es suficiente para recuperar todo el dinero que se ha robado”. Quien así se expresa a EL TELÉGRAFO es un veterano fiscal ya retirado que tuvo entre sus manos algunos de los casos más escandalosos de corrupción perpetrados en España durante los años expansivos de la burbuja inmobiliaria. Intrincadas tramas multimillonarias, repletas de pistas falsas y opacas, que sirvieron para condenar a buena parte de sus autores pero que no valieron para recuperar el dinero sustraído de las arcas del Estado. Aunque todas las fuentes consultadas coinciden al afirmar que es imposible calcular con exactitud la cantidad defraudada, solo con los 10 últimos casos conocidos desaparecieron casi $ 8.000 millones de la circulación que hasta hoy nadie ha devuelto.

Algunos estudios realizados, como el del investigador del Instituto Alemán de Análisis Económicos (DIW), Friedrich Schneider, pronosticaron en 2012 que España vería disminuir su riqueza en un 1% por culpa del dinero defraudado. Un porcentaje que Schneider tradujo a números: $ 10.000 millones, o lo que es lo mismo, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, casi la misma cantidad que ahora el gobierno de Mariano Rajoy pretende recortar del gasto público para cumplir con las órdenes dictadas desde Bruselas. Una cifra insignificante si se compara con el impacto que ha tenido en la calidad de vida de los ciudadanos y que tres investigadores de la Universidad de las Palmas han cuantificado en $ 40.000 millones. Su método consiste en incorporar al coste real de la corrupción, variables excluidas de los análisis tradicionales como son la reducción de la inversión extranjera, los casos ilícitos no detectados o no probados y la desconfianza de la población a emprender proyectos profesionales nuevos.

“Robar en España puede compensar”. Esta expresión fue pronunciada por el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, otra trama de corrupción urbanística multimillonaria urdida en la elitista ciudad de Marbella entre 1991 y 2005 en la que políticos y constructores se repartieron casi $ 2.500 millones de manera ilegal. El magistrado Torres se refería a que ser condenado a 30 años de prisión, reducidos a la mitad en la gran mayoría de los casos por “buena conducta penitenciaria”, puede compensar si al recobrar la libertad el delincuente dispone del patrimonio robado.

El ejemplo más destacado ocurrió el pasado 16 de abril cuando la Policía detuvo en Madrid al exbanquero Mario Conde, un empresario considerado en su día como “brillante” y “modélico” pero que acabó sentenciado a 20 años de prisión y obligado a reintegrar los 43 millones de euros que había estafado al Banco Banesto cuando era presidente. Sin embargo, nada se cumplió. Tras estar solo 4 años entre rejas, Conde salió en 2006 sin haber reembolsado la cantidad fijada por la justicia con el argumento de que era insolvente. Tras ser sometido a una vigilancia policial durante los años posteriores se detectó que el exbanquero repatrió a España los 14 millones de euros que había escondido en diferentes cuentas opacas de Suiza, Reino Unido, Italia y Holanda.

El caso de Mario Conde puede ser el último en el que un condenado por corrupción obtenga beneficios penitenciarios sin haber devuelto el dinero robado. “Queda el recurso de embargar sus propiedades pero, a menudo, el rastro se pierde a través de un reguero de paraísos fiscales bajo nombres de testaferros que mueven el capital de un lugar a otro sin parar”, asegura el fiscal retirado. Por este motivo, toda la oposición parlamentaria unió sus votos el 21 de enero para forzar al gobernante PP a realizar una reforma del código penal y de la Ley Tributaria para combatir de manera efectiva fraudes multimillonarios que agujerean las arcas de un Estado en crisis.

Para un país como España, el segundo de la Unión Europea tras Estonia donde la desigualdad es más alta, perseguir los delitos financieros se ha convertido no solo en una herramienta política para recuperar la confianza social, sino en una inversión de cara a un futuro económico incierto. “El problema que tenemos sigue siendo que una vez que el dinero sale fuera de España, ya es muy difícil localizarlo. Sin duda, la solución sería suprimir los paraísos fiscales”, concluye el exfiscal. En la actualidad, de los 64.000 reclusos que hay en las prisiones españolas, 615 se encuentran privados de libertad por delitos financieros, de los que solo 87 están condenados por blanqueo de capitales. (I)