El próximo 2 de septiembre será suspendido el decreto que en 2012 dejó sin asistencia sanitaria a más de 800.000 inmigrantes sin documentos que residen en España.

La cercanía de las elecciones generales y, sobre todo, la enorme presión ejercida durante meses por diversas comunidades autónomas que gestionan un sistema propio de salud pública ha obligado al gobierno de Mariano Rajoy a rectificar la medida considerada “incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos” por organizaciones mundiales, como la ONU.

La decisión de Rajoy se produce después de que la presidenta de Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes, se sumara a las comunidades que han desafiado la medida del Gobierno central durante los tres últimos años y han seguido permitiendo a inmigrantes sin papeles acceder a la atención primaria y especializada que ofrece la red pública sanitaria en España. El presidente del gobierno, embarcado en una campaña preelectoral para mejorar su imagen, anunció que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que tendrá lugar la próxima semana, buscará una solución para que “el trato universal de la sanidad sea igual para todas las personas en todas las comunidades de España”.

La reforma que puso en marcha el oficialista Partido Popular (PP) en 2012 dejó a miles de ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de residencia en una situación de exclusión grave ya que solo contemplaba el acceso asistencial a los servicios de urgencias, a las embarazadas y a los niños. Con esta decisión, el Gobierno de España pretendía equiparar el derecho a la salud con la cotización a la Seguridad Social pero todo ha resultado un completo fracaso, según palabras de los propios responsables sanitarios.

Según un informe especializado, la reforma no ha logrado “la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, ni  “una mejora en la calidad de las prestaciones”, como se señala en los objetivos del decreto que entró en vigor en 2012. Además del carácter discriminatorio que supuso la medida, los datos manejados por el Ministerio de Sanidad han detectado que el impacto económico se ha visto contrarrestado por el incremento de ingresos hospitalarios por la vía de urgencias, la única forma de ingresar al sistema de salud que han tenido los inmigrantes sin papeles en los últimos tres años.

Desde el punto de vista humanitario, los efectos han sido dramáticos. El caso más estremecedor se produjo el 23 de mayo del año pasado cuando una  nicaragüense, Jeanneth Beltrán, falleció en el servicio de urgencias de un hospital de Toledo mientras esperaba ser atendida. La organización ‘Yo Sí Sanidad Universal’ tiene registrados decenas de casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes, por desconocimiento de la ley, también se les negó el reconocimiento médico, incluso, se les facturó “indebidamente” la atención prestada.

Según el último informe de Médicos del Mundo sobre exclusión sanitaria, en los dos primeros años de aplicación del decreto del gobierno más de 2.000 personas fueron rechazadas por un centro de salud y a miles de ciudadanos se les inhabilitó la tarjeta oficial.

La consecuencia inmediata del caos que produjo la reforma fue que varias comunidades autónomas gobernadas por partidos progresistas o nacionalistas, como Cataluña, Euskadi, Asturias y Andalucía; y otras dos presididas por el PP y uno de sus socios regionales, como Galicia y Navarra, hicieron oídos sordos para mantener el sistema sanitario universal. Tras las elecciones del pasado 24 de mayo, otros 4 gobiernos se sumaron a la desobediencia de la norma de 2012. Y ahora ha llegado Madrid cuya presidenta ha indicado, sin embargo, que la nueva tarjeta que expedirá a los inmigrantes sin documentos que acrediten residir en la comunidad solo garantizará la cobertura sanitaria en la región pero no en el resto de España, por supuesto, ni en la UE. (I)