El gobierno conservador español anunció este viernes la creación de alrededor de 4.200 nuevos puestos de funcionarios, la mitad de ellos en Hacienda, por primera vez en diez años marcados por la austeridad a raíz de la crisis.

Es una "oferta de empleo histórica", valora en un comunicado el principal sindicato de funcionarios CSIF.

Además se abrirán alrededor de 18.000 puestos para sustituir las jubilaciones y regularizar a los interinos, lo que la convierte en la mayor oferta de empleo público desde hace una década, según el gobierno.

"Desde el año 2008, no se crea empleo público neto", más allá de reemplazar las jubilaciones, precisó  el vicepresidente del sindicato, Francisco Iglesias.

La mayoría de empleos ofertados (2.150) serán en la Agencia Tributaria, según las cifras presentadas este viernes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el consejo semanal de ministros.

Las sustituciones de jubilados, casi congeladas durante la crisis, también empezaron a resurgir a partir de 2014.

Según Francisco Iglesias, alrededor de 40.000 empleos públicos de la administración central fueron destruidos en España desde 2010 sobre los 260.000 existentes entonces.

Eso, sin tener en cuenta los recortes practicados en otras administraciones como el ejército, la justicia o la administración regional.

En 2016, había 2,5 millones de funionarios en España contra 2,7 millones en 2010, según los datos oficiales.

"Lo entendemos como un primer paso. Suficiente no es", señaló José Manuel Vera del sindicato Comisiones Obreras a la radio Cadena Ser, subrayando por ejemplo la falta de trabajadores en las instituciones penitenciarias.

A finales de marzo, el gobierno de Mariano Rajoy anunció la regularización masiva de 250.000 interinos del sector público, donde representan en ocasiones el 40% de la plantilla, especialmente en educación y sanidad.

"A partir de este acuerdo, es hora de abordar la subida salarial de los empleados públicos (congelada entre 2010 y 2015, ndlr) para empezar a recuperar el poder adquisitivo", señaló CSIF.

El gobierno propuso a finales de marzo un aumento del 1% que fue rechazado por los sindicatos.

Al mismo tiempo, Madrid debe reducir su déficit público del 4,5% de 2016 al 3,1% del Producto Interior Bruto a finales de año tal y como se comprometió ante Bruselas.

El presupuesto de este año no contempla recortes pero prevé un aumento de los ingresos fiscales tres veces superior al de 2016, una previsión juzgada "excesivamente optimista" por la asociación de grandes empresas españolas.

En plena recuperación económica, el gobierno español espera que el PIB del país crezca un 3% este año. (I)