España, la cuarta economía de la Eurozona, es el país con el peor resultado en materia de déficit presupuestario de toda la Unión Europea (UE).

El pasado año el país cerró sus cuentas con un desfase negativo del 5%, algo más de 55.000 millones de euros. Es casi un punto por encima de lo exigido por Bruselas para 2015 y una eternidad respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establece el límite en el 3%. Y todo esto a pesar de haber contado con la inestimable ayuda del Banco Central Europeo (BCE) y de que su factura energética ha disminuido de forma notable gracias a la caída del precio del petróleo.

La consecuencia inmediata es que se expone a una sanción de unos 2.000 millones de euros si la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el órgano estadístico oficial de la Comisión Europea, ratifica o empeora estas cifras durante su reunión prevista para el próximo jueves.

De confirmarse que en 2015 gastó 55.000 millones de euros más de lo que recaudó, España se convertirá en el primer país de la UE en recibir una multa económica por incumplir la hoja de ruta neoliberal impuesta en 2013 como salvavidas a la crisis.

La decisión se tomará en mayo y, para entonces, ya se sabrá si hay nuevas elecciones o, por el contrario, Bruselas tiene ya un interlocutor más válido que el gobierno en funciones que desde hace 5 meses custodia la política española.

“No puedo decir nada seguro, pero si el déficit es más alto de lo esperado, lo único que puedo decir es que el reto será más alto de lo esperado. Espero que la situación política se estabilice en España, porque el nuevo gobierno tiene mucho trabajo por hacer”, advirtió la semana pasada el vicepresidente de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad comunitario, el conservador finlandés Jyrki Katainen.

Con la excepción de la desolada Grecia, sometida a un castigo financiero que sigue impidiéndole levantar la cabeza, España es de lejos el país más incumplidor en materia económica de los 19 que componen la Eurozona. Ni siquiera Francia, que ha matizado todas y cada una de las medidas exigidas por la UE para minimizar su estado de bienestar, ha llegado a los negativos límites que han superado los españoles. A falta de la sentencia implacable del Eurostat, Portugal, por ejemplo, espera un déficit en torno al 4%; Italia se acercará al 2,5%, Irlanda no superará el 1%, Holanda estará sobre el 2,1% y Francia en el 3,7%.

En el lado más cumplidor de la balanza solo habrá un país, Alemania, con un superávit presupuestario de 0,5%. Ante estas previsiones no es de extrañar que los ojos de las dudas y preocupaciones de los eurócratas que dirigen las cuentas de la UE se hayan fijado en Madrid.

De cara al exterior, se muestran complacientes con la gestión desarrollada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy al recordar, cuando son sondeados por la prensa, el mantra de “la nefasta herencia recibida de los socialistas” y cómo ha logrado reducir el déficit 4 puntos del PIB en un escenario de recesión, algo más de 40.000 millones de euros, a base de recortes brutales del gasto público.

Pero en privado, los asesores económicos comunitarios censuran el electoralismo que el ejecutivo español aplicó en el último tramo de su mandato para evitar un descalabro. Se refieren a la aprobación de medidas incompatibles con su ideario financiero neoliberal como fueron pequeños incrementos a las ayudas sociales y mantener la protección a los desempleados, que en España sigue siendo el más alto de Europa.

Aunque impensable, no es descabellado pensar que la UE utilice finalmente al país ibérico como modelo ejemplarizador ante el resto de Estados que incumplen sus exigentes órdenes respecto al déficit.

La otra opción, la más benévola, es que la Comisión permita la entrada de oxígeno en el desvencijado entramado productivo español con el aplazamiento hasta 2017 o 2018 para lograr el 3% del déficit presupuestario exigido. A lo que no parece estar dispuesta la Comisión europea es a negociar el durísimo ajuste que ha previsto este mismo año para la economía española y que asciende a 22.000 millones de euros.

Un dineral que, en principio, deberá ser sufragado, como todos los anteriores, con el ahorro proporcionado por nuevos recortes sociales. Y no es un asunto secundario porque se trata de la grieta más profunda que separa al PSOE de los partidos de izquierda. (I)