Para desazón del Govern catalán y alivio del Gobierno español, dos de las más poderosas empresas arraigadas en Cataluña, la transnacional energética Gas Natural Fenosa y Banco Sabadell, se acogieron ayer al decreto exprés aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y anunciaron el traslado de sus sedes sociales a otras zonas de España.

A estos dos gigantes financieros se unieron de inmediato otras firmas destacadas como Abertis, Freixenet, Dogi, Arquia, Mediolanum y, sobre todo Caixabank, una de las entidades bancarias más rentables del país. El temor esgrimido para esta salida empresarial masiva es el riesgo que otean a quedar fuera del marco legal vigente si la próxima semana se declara la independencia unilateral, tal y como está anunciado que se hará. La fase decisiva del brutal pulso que mantienen Cataluña y España comenzó.

La cascada de anuncios se produce bajo el paraguas legal que ayer desplegó por decreto el Ejecutivo del Gobierno español para evitar a las empresas el engorroso trámite de someter sus decisiones a la aprobación de las juntas de accionistas, un proceso más complejo que si la decisión quedara en manos de los consejos de Administración.

“Lo que hemos hecho es dar la competencia para que decidan con agilidad dónde quieren ubicar el domicilio de una entidad. Si luego los accionistas quisieran volver a modificar esa decisión podrán hacerlo sin problemas”, zanjó el ministro de Economía español, Luis de Guindos.

Para el encargado de la política financiera nacional resulta muy “triste” ver la salida de empresas de Cataluña, a las que exculpó de cualquier responsabilidad porque es el Govern el que las está forzando a hacerlo con “una política irresponsable que genera incertidumbre e inquietud”. En una maniobra de indudable calado, De Guindos apuntó que frenar esta sangría financiera pasa por la inaplazable renuncia expresa a declarar la independencia. Puigdemont tiene ahora la palabra.

Pleno extraordina

Y la tomará, si no ocurre algún imprevisto, el próximo martes. Inicialmente se convocó un pleno extraordinario para el lunes y fue suspendido de inmediato por los tribunales. Pero como la tenacidad que está mostrando el presidente catalán no parece tener límites, ayer se anunció su traslado al martes bajo un enigmático epígrafe que reza: “Analizar la situación política”.

Se supone que Puigdemont dará cuenta de los resultados del apaleado referéndum celebrado el domingo pasado, donde pese a todo participó el 43% del censo electoral y ganó el sí a la independencia por aplastamiento, según las cifras del Govern. Si, como algunos prevén, utiliza esos datos para declarar la República independiente de Catalunya, entonces el abismo se abrirá bajo sus pies.

Lo advierten cada uno de los ministros del Ejecutivo español a los que se les cuestiona por las posibilidades de abrir una negociación que evite una colisión de mayor envergadura. “No habrá ningún diálogo hasta que Puigdemont dé marcha atrás”, repitió ayer el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo. Sin embargo, las propuestas de una mediación no dejan de llegar a las delegaciones de uno y otro bando.

Si las peticiones a la Unión Europea (UE), a la Iglesia y hasta a un lobby de abogados catalanes son desestimadas o arrojadas directamente a una papelera, existe  la predisposición del Gobierno suizo a interceder en este conflicto, convencido de que puede ayudar a encontrar una solución que evite la catástrofe anunciada.

Un desastre que, según algunas fuentes, significaría incluso la movilización de las unidades militares que oficialmente se desplazaron el lunes a Cataluña “para nutrir de infraestructuras a los cuerpos policiales que allí se encuentran”.

Pero el miedo es libre y en el Govern comienzan a ver las orejas al lobo. Especialmente, porque la posición de Rajoy a no negociar nada que esté fuera de la Constitución es inquebrantable. Más bien al contrario. Si han comenzado a aparecer grietas es en las filas catalanistas.  

Tras el estrangulamiento económico que se despliega, solo cabe esperar la llegada de un desenlace que nadie se aventura a predecir. Al menos en términos de vencedores y vencidos aunque se estima que está muy cerca. (I)

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90,18% de votos a favor de la escisión

El 90,18% de los catalanes que participaron en el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, dijeron sí a la independencia de Cataluña, mientras que el 7,83% de los votantes rechazaron la separación, según los resultados definitivos publicados ayer.  

Según la Generalitat, el número de votos totales aumentó de 2’262.424 (con el 95% escrutado) a 2’286.217 votos (recuento definitivo). Esos son 23.793 votos más. Sin embargo, el número de sí aumentó en 23.894 votos.

El sistema judicial catalán no publicó los datos provisionales con el desglose suficiente para hacer un análisis detallado, pero los datos por veguerías muestran que, por ejemplo, en Barcelona el sí logró el 103% de los votos adicionales computados y ni siquiera una hipotética reclasificación de votos nulos justificaría la evolución de las cifras. (I)