El Gobierno español dio este viernes luz verde a un proyecto de Ley de Transparencia y un Código de Buen Gobierno que contempla sanciones a los gestores públicos que, de forma deliberada, incumplan los planes de ajuste presupuestario, oculten o falseen datos.

La nueva norma, a la que podrán contribuir con propuestas los ciudadanos, refuerza la obligación de todas las administraciones de dar a conocer los datos de sus contratos, la relación de los convenios suscritos, todas las subvenciones concedidas y todos los proyectos y retribuciones.

La aprobación del primer trámite de este proyecto de ley fue anunciada por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Informó también de que la norma incluye un Código de Buen Gobierno, que por primera vez "tiene rango legal" e incluye sanciones para "las infracciones muy graves y graves" en materia de gestión económica.

En concreto, la vicepresidenta y portavoz explicó que se considerará infracción muy grave "el incumplimiento deliberado de los planes de ajuste" y la ocultación o falseamiento de datos de forma intencionada.

Las infracciones muy graves y algunas graves "llevarán aparejada la destitución del cargo e implicarán la inhabilitación" para el nombramiento en otros durante un periodo de cinco a diez años, y en algunos casos sanciones penales.

La Ley de Transparencia y el Código de Buena Conducta buscan "reforzar la credibilidad de las instituciones de nuestro país y como consecuencia de la confianza", afirmó la vicepresidenta.

También adelantó que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está elaborando un "baremo" sobre las retribuciones que recibirán los cargos municipales.

Sáenz de Santamaría explicó que la norma aprobada hoy "complementa la Ley de Estabilidad Presupuestaria" y refleja la determinación de España de cumplir con sus compromisos de déficit y los planes de ajuste.

España atraviesa una grave crisis económica, con un horizonte de recesión y 5,2 millones de desempleados, el 23 por ciento de la población activa.

Con ese escenario, el Gobierno se comprometió a reducir el déficit público este año al 5,3 % del PIB, por encima del 4,4 % comprometido anteriormente con la UE, lo que supone acometer fuertes recortes presupuestarios.