El parlamento español aprobó ayer una nueva ley para hacer frente a los desalojos, uno de los principales dramas de la crisis, pero que no legaliza la donación de la vivienda en pago de la hipoteca como pedían los activistas.

La ley procede de una iniciativa legislativa popular que recogió 1,4 millones de firmas, promovida por los activistas antidesahucios, quienes ahora consideran que se ha desvirtuado el espíritu de su texto, cuyo principal punto era la posibilidad de saldar la deuda con el banco mediante la entrega de la vivienda.

“Lo que hace el Partido Popular (PP, derecha, en el poder) es no hacer caso a lo que propone la ciudadanía. Por lo tanto, no podemos estar contentos con lo que está pasando”, dijo Empar Pablo, de 36 años, que se manifestaba junto a otros activistas en las cercanías del Congreso por considerar insuficiente lo hecho.       

La ley, aprobada solo con los votos del PP, con mayoría absoluta en la cámara, paraliza durante dos años las expulsiones de familias vulnerables, limita los intereses de demora y permite a los jueces suspender un desalojo si detectan cláusulas abusivas.

Entre 2008 y 2012, se dictaron 415.117 órdenes de ejecución hipotecaria de las que fueron ejecutadas 252.826, cerca de un 61%, incluyendo viviendas principales y secundarias, locales empresariales y comerciales y terrenos. AFP