El Parlamento español, dominado por la derecha, aprobó este jueves un paquete legislativo muy criticado por las ONG, para quienes ataca desde la libertad de expresión a la protección de inmigrantes, e instaura la cadena perpetua, en "un día oscuro para España".

Tras una larga batalla y numerosas manifestaciones contra estas reformas del gobierno conservador de Mariano Rajoy, su formación, el Partido Popular (PP) se valió de su mayoría absoluta para aprobarlas contra el conjunto de la oposición.

Con una pancarta de "No a las leyes mordaza", un pequeño grupo de activistas de Greenpeace se manifestó frente al Congreso mientras los diputados debatían.

La primera de las dos leyes, denominada "de seguridad ciudadana", prevé multas de hasta 600.000 euros (655.000 dólares) para manifestaciones no autorizadas o de hasta 30.000 por obstruir acciones de las autoridades como expulsiones de familias desalojadas.

"Esto es una respuesta política a la ciudadanía más crítica, una respuesta política a las manifestaciones, que intenta dar cobertura para que los recortes no encuentren la contestación pública que han encontrado estos años", declaró el diputado Ignacio Sánchez Amor del Partido Socialista (PSOE), principal fuerza de oposición.

"Todo el espíritu de la ley es represivo. Esto es una visión del ciudadano crítico como un ciudadano peligroso, que crea dificultades", agregó.

Especialmente, teniendo en cuenta que en contados casos en los últimos años se registraron enfrentamientos en las numerosas protestas contra las draconianas políticas de austeridad, con recortes de 150.000 millones de euros desde 2012.

"En España hay elementos incontrolados y grupos antisistema que se aprovechan", discrepa el senador del PP Luis Aznar, justificando la nueva ley.

Derecho de asilo

El texto incluye también una cláusula que legaliza las devoluciones de inmigrantes interceptados en la frontera, especialmente en los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla, sometidos a una fuerte presión migratoria.

Allí, la Guardia Civil devuelve regularmente al vecino Marruecos a los inmigrantes que acaban de franquear la valla.

"En lugar de poner fin a esta práctica ilegal, el gobierno elabora sus propias normas y pisotea tanto los derechos de estas personas como las obligaciones internacionales contraídas por la propia España", denunció la responsable para Europa de la ONG de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, Gauri van Gulik.

"Hoy es un día oscuro para España", subrayó.

Asegurando que estas devoluciones se harán respetando los tratados internacionales, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió ante la cámara el derecho "fundamental" del país a "proteger sus fronteras".

Sin embargo, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, había considerado en enero en Madrid que la aprobación de dicha norma "significaría el principio del fin del sistema de derecho de asilo".

Por su parte la ONG Reporteros Sin Fronteras fustigó que se sancione la toma y difusión de imágenes en la calle de agentes de las fuerzas de seguridad.

"El gobierno se dota así de un arma extremadamente eficaz para crear zonas oscuras en las que las fuerzas de seguridad escapan a todo control ciudadano y periodístico", según su directora de programas, Lucie Morillon.

La segunda de las leyes es una reforma del código penal, que entre otras medidas prevé penas de entre tres meses y un año de prisión para quien difunda mensajes incitando a la alteración del orden público.

E introduce la figura de la "prisión permanente revisable" para crímenes muy graves que, según sus detractores, equivale a la cadena perpetua.

Son "penas degradantes y que no están de acuerdo con la función rehabilitante" que debe tener la reclusión, afirma Sánchez Amor.

El PSOE apoyó sin embargo una tercera inicitiva, contra los "delitos de terrorismo", concebida para luchar contra el yihadismo.

"Estamos hablando de fenómenos como los lobos solitarios, otros tipos de fórmulas terroristas que ya no es la banda terrorista, y el derecho penal tiene que adaptarse a esta nueva realidad del terrorismo internacional", justificó.

Para Judith Sunderland, responsaable de la ONG Human Rights Watch, este paquete legislativo "no contribuirá a que los ciudadanos españoles y los residentes en España estén más seguros. Por el contrario, pone en riesgo sus derechos y libertades fundamentales".