Desde ayer, uruguayas y extranjeras con más de un año de residencia pueden realizarse un aborto de acuerdo con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Según la norma, el procedimiento está despenalizado antes de las 12 semanas de gestación y hasta las 14 en caso de violaciones. La intervención estará a cargo del Estado y un equipo interdisciplinario deberá asesorar a la mujer sobre las posibilidades para no abortar.

La ley recibió el visto bueno del Parlamento el pasado octubre y ayer se cumplió el plazo legal de diez días desde que fue difundida su reglamentación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que entre en vigor.

La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que  sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Las mujeres podrán solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro sanitario público o privado, que a partir de esta jornada “están obligados a realizar la intervención o a garantizar que esta se haga por terceros en casos de objeción de ideario”, destacó Leticia Rieppi, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública.

En principio dos centros médicos vinculados a la Iglesia católica anunciaron que recurrirían a esa objeción de ideario, pero “hasta ahora ninguna (institución) se presentó para cumplir con ese trámite”, agregó Rieppi.

El sábado varias organizaciones sociales y grupos políticos lanzaron una campaña de recolección de firmas para pedir un referéndum que derogue la nueva ley.

El ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció que firmará para lograr ese referéndum, después de vetar una ley similar en 2008 cuando era gobernante