Después de 10 intentos infructuosos, un tribunal tratará nuevamente de comenzar hoy el juicio oral y público por los sucesos en la localidad rural paraguaya de Curuguaty en 2012, donde murieron 11 campesinos y seis agentes policiales.

Movimientos en la defensa de los 12 acusados por aquellos hechos y recusaciones de esos abogados a los jueces actuantes son los motivos por los cuales fueron suspendidas esas sesiones del enjuiciamiento, sin siquiera empezar, fijadas para una sala del Palacio de Justicia.

En el primero de los casos, lo más significativo sucedió en julio pasado cuando sorpresivamente los labriegos, a punto de iniciarse la vista, aseguraron renunciar de manera unánime a los dos letrados que llevaban el caso.

Estos habían sido antes denunciados por la fiscalía por intentar retardar el juicio y la Corte Suprema les había advertido que podría retirarles las licencias para sus labores.

Quienes colmaban la sala en aquella ocasión reiteraron de diversas maneras, sobre todo ante la prensa, su oposición a la realización del juicio por considerar inocentes a todos los imputados en un proceso que da continuidad a acciones calificadas de ilegales.

En mayo de 2012, la finca Campos Morombi de la localidad de Curuguaty, a 240 kilómetros al noreste de Asunción, fue ocupada por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas en el departamento de Canindeyú.

Tres semanas después el Ministerio del Interior ordenó el desalojo por la fuerza de la propiedad, lo cual provocó enfrentamientos violentos entre ocupantes y policías con saldo de 17 personas muertas.

El 21 de junio la Cámara de Diputados aprobó la realización de un juicio político en contra del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, con la alegación de un mal desempeño en sus funciones y un día después éste, quien se había negado a renunciar, fue destituido.

Dicho desenlace fue denunciado en múltiples instancias del país y fuera de él por quienes lo calificaron como un golpe de Estado parlamentario.

Lugo asumió la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2008 al ganar las elecciones del 20 de abril anterior, con lo cual terminó el continuismo de más de 60 años del Partido Colorado.

Dos años ya se cumplieron de espera para comenzar el juicio a los labriegos acusados de haber instigado aquellos sucesos violentos, por los cuales sucumbieron 11 de sus compañeros y seis agentes, a pesar de no existir pruebas de ello como afirman los detractores.

Otro motivo de posposiciones del inicio está dado por los pedidos de quienes actúan como defensores al invocar el irrespeto a las leyes de los propios jueces.

Este proceso, aún cuando está estancado, ha sido de amplia repercusión en la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. (I)