El Ministerio Fiscal tiene abiertas actualmente 849 investigaciones en toda España por casos de "niños robados", de los que 162 fueron ya trasladados a los juzgados tras observarse indicios delictivos, que serán calificados como detención ilegal con la agravante de afectar a menores de edad.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hizo este anuncio en Valencia (este de España) tras una junta de fiscales superiores autonómicos en la que se ha acordado unificar los criterios de actuación -entre ellos la calificación del delito- ante las múltiples denuncias por la desaparición de niños recién nacidos entre 1950 y 1990.

Según concretó Conde Pumpido, de las 849 investigaciones abiertas en el conjunto de fiscalías territoriales, 162 han sido "judicializadas", y otras 38 que también fueron presentadas al margen de estos casos han sido archivadas por la inexistencia de indicios penales.

La Fiscalía ha establecido dos protocolos de actuación que se trasladarán a todas las fiscalías territoriales para prestar atención personalizada a las víctimas y practicar pruebas de ADN, que ya habían comenzado a realizarse en algunas regiones españolas.

Los procedimientos con mayor desarrollo hasta el momento son los que se siguen en La Línea de la Concepción (Cádiz, sur del país), donde hay doce casos distintos con una investigación policial "muy avanzada", en los que se han practicados pruebas genéticas y exhumaciones a instancias fiscales.

Precisamente, el pasado miércoles se llevó a cabo en esta localidad gaditana la exhumación de tres nichos en el cementerio por orden judicial.

Los casos de desapariciones de niños recién nacidos es una cuestión "preferente" para la Fiscalía porque "afecta a un gran número de ciudadanos españoles", según Conde-Pumpido.

El fiscal general del Estado aseguró que se actuará "con toda la intensidad posible" y tratando de subsanar "los problemas derivados de la antigüedad de los hechos".

"Hay una gran diferencia entre unos casos y otros, y abarcan un periodo de tiempo muy prolongado; algunos asuntos llegan a una época relativamente creciente, ya en Democracia", tras la muerte del general Francisco Franco en 1975, reconoció.

El fiscal general afirmó que existen "tramas" en puntos "concretos" cuyos responsables están empezando a ser identificados, pero descartó que el conjunto de las desapariciones puedan atribuirse a "una sola organización".

En enero pasado, una asociación de afectados por adopciones irregulares pidió una investigación nacional para identificar a los responsables de estas presuntas tramas que actuaron en toda España, sobre todo entre 1950 y 1990, dedicadas al robo y posterior venta de niños.