La detención de Carles Puigdemont convirtió a Cataluña en un campo de lucha.

De un lado, el entusiasmo del Gobierno español por la efectividad de la euroorden cursada por el Tribunal Supremo contra el expresidente, arrestado en el estado alemán de Schleswig-Holstein.

En el otro, las protestas promovidas por los independentistas catalanes denuncian que España es un estado autoritario sin división de poderes.

Hasta el mediodía de ayer se reportaron más de 100 heridos y cinco detenidos por algaradas callejeras.   

El presidente del Parlamento, Roger Torrent, hizo un llamado a la población a la calma. Mientras la coalición independentista catalana volvió a plantear que Puigdemont sea investido presidente de la región.

Desde Alemania, el portavoz del ejecutivo germano, Steffen Seibert, refrendó el apoyo del gobierno de Angela Merkel a las decisiones judiciales españolas con un inequívoco “España es un estado democrático por lo que este conflicto se debe solucionar en base al derecho español”.

El expresidente catalán fue detenido el domingo después de ingresar en territorio alemán, a través de la frontera de Dinamarca, y en una operación que intervino el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que alertó a la Policía Federal alemana.

El auto de Puigdemont llevaba un geolocalizador y era vigilado por agentes del CNI. (I)