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Los ejecutores recibirán una pena de 30 años de cárcel

El Viceministro apostó por el diálogo hasta el último momento del secuestro

El Viceministro apostó por el diálogo hasta el último momento del secuestro
Foto: AFP
27 de agosto de 2016 - 00:00 - Redacción y agencias ABI y Prensa Latina

Rodolfo Illanes, abogado penalista de 58 años de edad, acompañó en los 10 años de gobierno al presidente Evo Morales.   

En el Ministerio Público fue conocido como uno de los fiscales  “fuertes” que dirigió las investigaciones contra el grupo irregular Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka.
Ingresó a la arena política como militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y luego de Conciencia de Patria (Condepa), liderado entonces por el extinto Carlos Palenque. Hace más de 10 años se sumó  al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En ese tiempo, fue viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. En su gestión, 2009, se concretó la intervención a la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), que era dirigida por Fernando Dipps.   

Durante su gestión descubrió  un conjunto de anomalías que van desde nepotismo, millonarias multas y contratos lesivos, hasta altos sueldos irregulares en los que incurrieron los Consejos de Administración y de Vigilancia de Cotel.

El 14 de marzo de este año, Illanes juró como el nuevo Viceministro de Régimen Interior. Illanes fue un hombre poco mediático, apoyó “con todo” la gestión de Morales.

El funcionario creía que podía lograr un entendimiento con los cooperativistas mineros, para solucionar el conflicto en las carreteras.

Uno de los últimos pedidos públicos del Viceministro desde Panduro fue el de una intervención más decidida de los ministerios de la Presidencia y de Minería, para abrir el diálogo con los cooperativistas mineros.

Tras su deceso el Gobierno informó que los autores del asesinato de Illanes tienen que saber que su crimen enfrenta una pena de 30 años de cárcel.

Feliciano Vegamonte, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dijo que el Estado tiene ahora la obligación de revertir sus concesiones mineras. “Es tiempo de que el Estado se haga cargo de todos los yacimientos mineros que tiene el país, para el beneficio del pueblo boliviano y no de unos cuantos privados”.

La Cancillería de Ecuador envió un comunicado en el que rechaza la violencia como forma de protesta, y espera que el conflicto encuentre vías de solución a través del diálogo. Asimismo, envió sus condolencias a familiares y amigos. (I)

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