El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejercerá las competencias de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, porque persiste en su condición de desacato a las leyes de la República.

Con el fin de preservar el Estado de derecho, la Sala Constitucional del TSJ garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta instancia o por el órgano que ella disponga, asegura una sentencia del máximo tribunal, divulgada ayer.

La decisión judicial responde al recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo S.A., al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referente a la constitución de empresas mixtas.

“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho”, sostiene el documento.

En virtud de ello, la Sala Constitucional resolvió que no hay restricción para que el Ejecutivo Nacional cree corporaciones de ese tipo, si bien deberá informar de todas las circunstancias y condiciones de la constitución, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de Venezuela.

A propósito del estado de excepción vigente en la nación suramericana, la sentencia dispone que solo el jefe de Estado, Nicolás Maduro, podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, explica la notificación.

La Asamblea Nacional venezolana está en desacato tras juramentar en 2016 a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, candidatos a diputados por el Estado Amazonas cuya elección invalidó una orden del TSJ, debido a irregularidades en esa entidad federal durante los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015.

La junta directiva del Parlamento se negó a realizar el protocolo de anulación de este acto de juramentación y todas sus resoluciones.

Parlamento acusa a Maduro de dar un golpe de Estado

Por su parte, el parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó ayer al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado, luego de que el máximo tribunal asumió mediante sentencia las competencias del Legislativo.

“En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien rasgó frente a las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”.

Borges instó a la Fuerza Armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución” y anunció protestas para mañana (hoy).

El tribunal, al que la oposición acusa de servir a Maduro, declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por ello ha anulado todas las decisiones parlamentarias.

Aunque la cámara desvinculó a esos diputados posteriormente, la corte considera que el acto no fue formalizado.

El analista Carlos Romero señala: “Estamos ante un uso indiscriminado e ilegal de las atribuciones del TSJ para acabar con el Legislativo”.

Diputados no poseen inmunidad

“No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran”, dijo el legislador Diosdado Cabello al defender el fallo.

Alegando el desacato, el TSJ ya había retirado la inmunidad a los diputados el martes, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.

El retiro de los fueros parlamentarios ocurrió mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero.

La cita en Washington terminó sin acuerdos y 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresaron ‘preocupación por la difícil situación’ de Venezuela.

Una semana antes de la reunión en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como “traición a la patria”, delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

Ante la medida venezolana, ayer, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió convocar de urgencia al Consejo Permanente del ente continental. Almagro, severo crítico de Caracas desde que asumió las riendas de la OEA en 2015, llamó a los 34 países miembros de la organización a “actuar sin dilaciones”.

Por su parte, Perú resolvió retirar “de manera definitiva” a su embajador en Venezuela. “Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, condenó vía Twitter “la ruptura de la democracia en Venezuela”.  

Medida ante crisis económica

La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, ‘sin la aprobación de la Asamblea Nacional’. Pero al declarar ‘omisión legislativa’, la Corte indicó que no existe “impedimento alguno” para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados.

Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016. (I)