Absuelta. La infanta y exduquesa Cristina de Borbón, procesada con otras 17 personas, entre quienes se encuentra su esposo, Iñaki Urdangarín, por un tribunal de Palma de Mallorca, solo deberá pagar una multa de 265.088 euros ($ 282.000) por lucrarse de los delitos fiscales cometidos por su cónyuge.

Los jueces, siguiendo las tesis de la Fiscalía, consideran que no hay pruebas de que la hermana del rey de España cooperara de forma activa en los negocios ilícitos de Urdangarín a través de la empresa Aizoon, una sociedad satélite del Instituto Noós que era propiedad del matrimonio.

Las magistradas, en una extensa sentencia de 741 páginas, apuntan a que la infanta solo puede ser castigada como responsable económica pero no por el resto de infracciones de las que se la acusaba. No obstante, la exduquesa ya ingresó en la cuenta del juzgado cerca de un millón de euros, por lo que la justicia deberá devolverle el dinero sobrante cuando salde la multa.

Más duro se mostró el tribunal con Iñaki Urdangarín, a quien castiga con 6 años y 3 meses de cárcel por los delitos probados de prevaricación, malversación, fraude fiscal, tráfico de influencias y dos delitos contra la hacienda pública. El esposo de Cristina de Borbón también deberá hacer frente a la cuantiosa multa de más de medio millón de euros ($ 543.000).

El veredicto causó sorpresa en varios sectores de la sociedad española que consideran que el tribunal ha sido “demasiado indulgente con los 17 imputados” y en especial con Urdangarín, para quien la fiscalía anticorrupción pedía 19 años de prisión. Su socio Diego Torres deberá cumplir 8 años y 6 meses entre rejas, más 8 años más de inhabilitación especial y una multa de 1’723.000 euros por prevaricación, fraude a la administración pública, tráfico de influencias, delitos fiscales y blanqueo de capitales, un cargo grave del que salió exculpado el cuñado del rey. El expresidente de Baleares con el PP, Jaume Matas, fue condenado a 3 años y 8 meses.  

La absolución de la infanta es definitiva. El motivo es que la única parte que la acusaba el pseudosindicato Manos Limpias ya desaparecido, anunció en boca de uno de sus antiguos portavoces que no recurrirá la sentencia ante la única instancia judicial posible, el Tribunal Supremo. Manos Limpias pedía una pena para Cristina de 8 años de cárcel como cooperadora en dos fraudes cometidos por su marido en las declaraciones de IRPF de 2007 y 2008 por el valor de 300.000 euros.

El espectacular caso de corrupción, en el que se ha visto envuelta la casa real española que llenó tantas horas en las televisiones y en la prensa amarilla, concluyó ayer de acuerdo a las tesis que siempre mantuvo el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la defensa de la hermana de Felipe VI.

Es decir, que la responsabilidad de los posibles delitos fiscales de Aizoon, por los que la hermana del rey se sentó en el banquillo, es exclusivamente de Iñaki Urdangarín, administrador único de la sociedad del matrimonio. O sea, que es imposible considerar a la infanta “cooperadora necesaria” de los fraudes fiscales de su marido, a través de Aizoon, porque, simplemente, ella jamás gestionó la sociedad, aunque fuera socia del 50%.

Los argumentos del juez instructor, José Castro, que tuvo presiones y enfrentamientos con el fiscal para imputar a la infanta, cayeron en saco roto. En su opinión, había pruebas suficientes que relacionaban a Cristina de Borbón con el blanqueo de capitales y el delito fiscal cometido por Urdangarín, pero el tribunal consideró que no estaban en la instrucción.

Visiblemente satisfecho por la sentencia, la legión de abogados que defendió a la hermana del rey de España indicó que “está satisfecha por el reconocimiento de su inocencia, pero disgustada por la condena de su marido, que ella considera injusta”, dijo el letrado principal, Miquel Roca.

La sorpresa por el veredicto para muchos convencidos de que por lo menos la exduquesa sería declarada culpable en alguna de las acusaciones se hizo enseguida palpable. La sentencia llega ocho meses después de la conclusión del juicio del ‘caso Noós’, en el que tanto Urdangarín como la infanta se escudaron en que todas sus actividades económicas estaban supervisadas por la casa real. (I)