Madrid

El Partido Popular (PP en el poder en España) dio marcha atrás in extremis  y decidió  apoyar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que sería debatida ayer por el Congreso para paralizar los desahucios y aplicar la dación en pago como mecanismo para saldar la deuda hipotecaria.

El portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso,  anunció que su formación finalmente votará a favor en el Parlamento de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular para regular la dación en pago y paralizar los desahucios.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, se comprometió a agilizar la tramitación de esta iniciativa que, una vez  recabado el apoyo del PP, podrá iniciar su recorrido en la Cámara Baja, agregó Alonso.

La ILP para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social obtuvo 1’402.854 firmas de apoyo -casi el triple del mínimo exigido para este tipo de iniciativas populares-, según los datos  públicos de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

La plataforma presentó la iniciativa legislativa el pasado 24 de enero, abogando por la dación en pago retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción de alquileres sociales de las viviendas vacías en manos de los bancos.

Izquierda Plural y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoyan el texto, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que votará a favor de su tramitación, aunque discrepa en algunos puntos y por ello presentará enmiendas parciales en los debates.

La Iniciativa Legislativa Popular es promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos de trabajadores, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, el Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña.

Su ILP propugna que la entrega de la vivienda -solo en caso de que sea residencia habitual- a la entidad bancaria sea suficiente para saldar la hipoteca cuando el propietario no pueda cancelar por motivos ajenos a su voluntad.

Asimismo, pide la paralización de los desahucios forzosos y que las personas afectadas tengan derecho a residir en su vivienda por un período de cinco años, pagando como máximo el 30% de sus ingresos mensuales.