El poder electoral venezolano afirmó ayer que los comicios de la Asamblea Constituyente, convocados por el presidente Nicolás Maduro, se realizarán como está previsto -30 de julio-, a pesar de las amenazas de la oposición para impedirlos.

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE),  durante la rueda de prensa  condenó el ataque contra el máximo tribunal, denunciado el martes por el Gobierno como parte de un intento de golpe de Estado.

Tras invocar artículos constitucionales que consagran el derecho a la desobediencia civil, la oposición llamó la semana pasada a desconocer el gobierno de Maduro y su convocatoria a la Constituyente.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exhortó a sus seguidores a “organizarse y evitar el uso de los centros electorales y comunitarios para una violación de la Constitución”, para ello planificó con éxito tres nuevas protestas que concluyeron ayer en un ‘trancazo nacional’.

Desde el 1 de abril la oposición se volcó a las calles para rechazar la iniciativa de Maduro de convocar a la Asamblea Constituyente sin pasar por un referendo previo, como exige la Constitución de 1999, aprobada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Las manifestaciones dejan 77 muertos y más de 1.000 heridos.

El ataque en helicóptero

El martes, un helicóptero de la Policía científica atacó la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, cuando sus magistrados analizaban dos polémicas sentencias; un decreto destituyendo a la fiscal general (Luisa Ortega Díaz) de algunos poderes y transferirlos a la Defensoría del Pueblo, y anular el reciente nombramiento del vicefiscal general, Rafael González Arias.

Ante esto, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, chavista acusada de traición por Maduro, reaccionó al decreto del TSJ con desafío llamándolo un movimiento para “anular la oficina del procurador general” en violación de la Constitución y denominándolo terrorismo de Estado. Ella citó la represión de protestas, los juicios militares de civiles, las incursiones sin orden judicial y la falta del debido proceso.

Por su parte, el Gobierno no le respondió a Ortega y defendió su tesis de un intento de golpe de Estado, tras el ataque desde un helicóptero que lanzó 4 granadas contra el TSJ y efectuó 15 disparos en el Ministerio del Interior.

Aunque las granadas no explotaron y no se reportaron heridos, el canciller Samuel Moncada condenó el silencio de los líderes internacionales y ordenó a sus embajadores informar a las cancillerías del mundo sobre el ataque terrorista.

“Están protegiendo a los autores del hecho con su complicidad e ignorancia fingida”, señaló Moncada, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea (UE).

Agradeció, en cambio, la solidaridad de Bolivia, Cuba, Ecuador y Turquía. En el caso de Ecuador,  la Cancillería emitió un comunicado que reitera el respeto irrestricto al orden democrático de los Estados, la resolución pacífica de los conflictos, la no injerencia en los asuntos internos de cada país y el rechazo a los intentos desestabilizadores.

El atacante es un actor y policía

Óscar Pérez fue identificado como el autor del atentado. El hombre que está prófugo de la justicia es inspector aeronáutico de la Policía científica CICPC y actor aficionado que protagonizó un thriller en 2015 con el respaldo de la institución.

“El episodio de Chopper Coupster, en todo su glorioso surrealismo, surge justo cuando el Gobierno necesitaba desviar la atención de su última toma de poder: una decisión de quitar la Fiscalía General de la mayoría de sus poderes y un asalto directo en el Parlamento”, escribió Francisco Toro, editor del sitio web Caracas Chronicles.

La  alcaldesa de Caracas, Helen Fernández, y otros miembros de la oposición también calificaron el ataque de montaje.

Por otra parte, ayer localizaron la aeronave del atentado que pertenece al CICPC y fue ‘secuestrada’ en una base militar de Caracas. (I)