Gran Bretaña quedó implicada en el escándalo por torturas de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) a detenidos bajo su custodia, y ahora un comité de parlamentarios británicos le exigió a las autoridades estadounidenses entregar cualquier material que documente supuesta participación de los espías ingleses en esos interrogatorios ilegales.

El pedido fue hecho por el influyente Comité parlamentario de Seguridad e Inteligencia días después de que un reporte del Senado estadounidense concluyera que se cometieron “actos brutales” por parte de agentes de la CIA a sospechosos del grupo Al Qaeda, incluidas prácticas de tortura.

La semana pasada, la oficina ministerial del 10 Downing Street, residencia oficial del primer ministro en Londres, confirmó que varios materiales del reporte del Senado fueron retirados del documento que se hizo público a pedido del Gobierno del Reino Unido, por razones de seguridad nacional.

Aclaró que no se modificó ningún párrafo o apartado por supuesta participación británica en el maltrato de prisioneros. Hasta ahora el Gobierno británico niega cualquier implicación del Reino Unido en prácticas de tortura, pero el Parlamento británico quiere investigar.

El comité realiza una investigación por el supuesto maltrato de detenidos por agentes de la Inteligencia británica en la década después de los atentados de 2001 en Estados Unidos.

Sir Malcolm Rifkind, quien encabeza el comité de Inteligencia, escribió un editorial en el dominical inglés The Sunday Telegraph, en el que admitió que el grupo determinará si el gobierno o las agencias de seguridad trataron de redactar partes del reporte del Senado que contenían información comprometedora para Londres.

El parlamentario indicó que el comité evaluará otros asuntos, incluidos el uso del territorio británico de ultramar en la isla de Diego García, en el océano Índico, por parte de agentes norteamericanos que participaban de programas de interrogatorios a sospechosos.

Rifkind dijo que el Gobierno estadounidense deberá decidir si entrega el documento original como le pide el Parlamento británico, o si lo hace directamente el Senado norteamericano, pero a partir de una versión más reducida que se hizo pública. “Estamos tomando las medidas necesarias para obtener información”, declaró el presidente del comité. “Hay varias formas de lidiar con este asunto”, agregó.

Tras ser consultado si tiene esperanzas que Estados Unidos entregará la información solicitada, Rifkind respondió: “No estoy muy confiado”.

Un sumario del reporte, de 525 páginas y que fue compilado por un comité de senadores demócratas, fue publicado la semana pasada en Washington. Sin embargo, la versión completa del documento sigue siendo clasificada como ‘top secret’.

El reporte reveló que la CIA llevó a cabo interrogatorios “brutales” a sospechosos de terrorismo, en los meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre. Entre los abusos detalló prácticas de tortura como el método de “submarino”, golpizas, posiciones estresantes, y privación del sueño.

La CIA admitió que se cometieron “algunos errores”, pero insistió en que el programa de interrogatorios salvó vidas y fue “crítico” para entender cómo operaba Al Qaeda.

Una versión del reporte fue finalizada en 2012, pero hubo muchos desacuerdos acerca de cómo debía ser publicada. Parte del proceso fue una “revisión de clasificación” por parte de la CIA acerca de qué información debía seguir manteniéndose en secreto.

Cuando el informe se publicó, el Gobierno británico dijo que cualquier pedido de Londres para redactar el documento de la CIA no fue para encubrir casos de supuesta participación de agentes británicos en los programas de interrogatorios.

Un pedido hecho por el grupo defensor de los derechos humanos Reprieve bajo la ley de libertad de información concluyó al comienzo del año que autoridades del Gobierno británico se entrevistaron con integrantes del Comité parlamentario de Seguridad  e Inteligencia en al menos 24 oportunidades desde 2009, aunque el contenido de esas reuniones no fue dado a conocer.

Mientras que, el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, llamó al exprimer ministro Tony Blair y al excanciller Jack Straw a revelar qué sabían acerca de los programas de rendición extraordinaria y tortura de la CIA cuando estaban al frente del poder. “Es responsabilidad del gobierno laborista de esa época hacerse responsable de sus acciones. Esperemos que ellos cooperen con la pesquisa parlamentaria”, subrayó.

En respuesta al pedido, Straw dijo que “nunca” fue cómplice de procesos ilegales de la CIA. “Esas prácticas son asquerosas, ilegales y contraproducentes, como reveló el reporte del Senado”, concluyó el excanciller, al confirmar que cooperará “enteramente” en caso de ser llamado a declarar.

Para la ministra del Interior en la sombra, la laborista Yvette Cooper, el comité parlamentario británico no tiene el poder suficiente para ahondar en supuesta complicidad del Reino Unido en prácticas de tortura y por ello se mostró a favor de que se lance una pesquisa independiente.

En ese sentido, el diputado conservador Andrew Tyrie, que preside el grupo pluripartidario sobre rendición extraordinaria, pidió al gobierno de David Cameron “que convoque a una investigación encabezada por un juez” ante la gravedad del problema.

“La pesquisa debería tener amplios poderes para determinar el rol de Gran Bretaña en los programas de interrogatorios de la CIA. Nunca pensé que en el siglo XXI mi país pudiera facilitar semejantes prácticas, pero lo han hecho. La cuestión es cuánto”, dijo el legislador oficialista a la radio 4 de la BBC.