Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco aprobó ayer una reforma del código penal del Vaticano, que refuerza las sanciones contra los actos de pederastia y fortalece las medidas represivas en caso de corrupción y lavado de dinero. Las nuevas normas entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre.

Esta reforma, aprobada a través de un “Motu Proprio” (documento papal),  tiene como objetivo ajustar a los parámetros internacionales el sistema penal del Vaticano, que se remontaba a 1929, año de la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Entre las reformas, destaca la introducción del delito de tortura y una mayor precisión sobre los delitos de trata de personas, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y actos sexuales con menores.

Ya el 15 de julio de 2010, Benedicto XVI dio una “vuelta de tuerca” en su lucha contra la pederastia y aprobó una reforma que ampliaba de 10 a 20 años el plazo para denunciar los abusos e introducía el delito de posesión de pornografía infantil.

También equiparó los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores e introdujo un nuevo delito por el que se castigaba la adquisición, posesión y difusión por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio, de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.

Ahora, Francisco también ha incluido en la normativa el delito contra la humanidad, el genocidio y el  sistema de segregación racial “apartheid”, así como normas más duras contra la corrupción. El papa Bergoglio también ha abolido la condena a cadena perpetua y la ha sustituido por penas que van de   30 a  35 años.

El secretario para las relaciones con los Estados de la Santa Sede (“ministro de Exteriores”), el arzobispo Dominique Mamberti, señaló que las leyes aprobadas representan una “intervención normativa de largo alcance” y desarrollan también las adoptadas por Benedicto XVI a partir de 2010, sobre la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Mamberti precisó que a pesar de los cambios de muchas normas, “no sería correcto” afirmar que las conductas en ellas sancionadas fueran hasta ahora penalmente lícitas, “ya que de hecho se castigaban”.

El arzobispo francés añadió que la introducción de las nuevas disposiciones “sirve para identificar con mayor certeza y definición los casos delictivos y cumplir, así, con las normas internacionales, ajustando las sanciones a la específica gravedad de los hechos”.

En el tema financiero, Mamberti puso el acento sobre la actualización de las normas sobre confiscación, “reforzada por la introducción de la medida de bloqueo preventivo de los bienes”. El Instituto para las Obras de Religión (IOR) es investigado porque  está involucrado en varios escándalos por sospechas de blanqueo.

El presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, afirmó durante la presentación de la reforma que las observaciones del informe “Moneyval” del Consejo de Europa sobre medidas de prevención del blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo han sido consideradas, pero la reforma va más allá.

Así, Dalla Torre se refirió al delito de divulgación de documentos reservados (caso por el que fue condenado el pasado año a 18 meses de cárcel el exmayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, quien después fue perdonado) y afirmó que la reforma establece una pena que va de seis meses a dos años de cárcel para quien obtenga de manera ilegal o revele documentos reservados.

También se prevén multas de mil a cinco mil euros para estos casos. Si lo divulgado son documentos importantes sobre la Santa Sede, el estado de la Ciudad del Vaticano o relaciones diplomáticas, la pena aumenta de cuatro a ocho años de prisión.