Ariel Goldstein

Las multitudinarias protestas en Brasil han alterado lo que parecía hasta hace poco una estable organización del escenario político brasileño y han sumado el desafío de desentrañar las características de estas movilizaciones, así como sus implicancias para el futuro. Analistas y manifestantes han enumerado importantes aspectos, como la histórica desigualdad estructural del país vecino, así como los déficits en educación, salud y transporte que se padecen en las principales metrópolis, que ofician como epicentro de las protestas. Sin duda, estamos en presencia de una ampliación de los horizontes democráticos, en un país que se caracteriza por escasas movilizaciones ciudadanas. La pregunta que resuena es, ¿por qué ahora? Las señales previas no parecían indicarlo: Dilma tenía la mayor intención de voto en encuestas que haya tenido un presidente a más de un año de elecciones desde la redemocratización brasileña.

Hay datos relevantes que permitirían sostener la tesis de que las protestas van dirigidas principalmente contra la clase política y la corrupción, que exhibió un nuevo rostro de despilfarro ante los ojos de los manifestantes con los preparativos para el Mundial 2014. Cuatro elementos nos permiten identificar el latente rechazo a la clase política presente entre los manifestantes: a) el rechazo a la participación partidaria o identificaciones políticas en las movilizaciones (todos unidos bajo la bandera brasileña), b) el origen de la movilización: espontánea y convocada por el Movimiento Passe Livre a través de las redes sociales, c) el ataque de los manifestantes contra las sedes de intendencias (San Pablo) y otras instituciones públicas como el Palacio de Itamaraty en Brasilia.

Quienes protagonizan las movilizaciones no son exactamente los más desposeídos, sino sectores medios y medios bajos que han sufrido abusos de la vida cotidiana, indignados por la represión y la violencia policial desatada contra los manifestantes de las primeras movilizaciones. El objeto del odio es la clase política brasileña, y ya venía siendo estimulado desde el mensalão en 2005, que resultó la peor crisis del gobierno Lula. Este escándalo, donde se acusó a los parlamentarios de la base aliada del gobierno de haber recibido propinas para votar con el PT, produjo un alejamiento de importantes sectores medios indignados con las acusaciones de corrupción, e hizo perder al PT el aura que poseía como partido incorruptible, representante de la ética en la política frente a la putrefacción del resto del sistema partidario. El juzgamiento de este escándalo en 2012 reavivó el efecto de rechazo hacia la clase política y hacia el Congreso, ambos hace tiempo presentan bajos índices de credibilidad ciudadana. Según dos encuestas realizadas a los manifestantes y divulgadas por Datafolha, lo que podría oficiar como un cuarto elemento, (d) los manifestantes mencionaban como segunda causa de la protesta, detrás del aumento de transporte público, a la corrupción de los políticos, así como elegirían en su mayoría como presidente a Joaquin Barbosa: presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), que juzgó a la cúpula petista acusada del mensalão.

A su vez, este tipo de identificación de los manifestantes es incentivado por los medios de comunicación, que dirigen el sentido de las protestas contra la clase política al denunciar su corrupción. A través de este procedimiento, vuelven a restaurar su legitimidad ante la sociedad brasileña como agentes fiscalizadores de la política, atribución que los medios comenzaron a representar desde el impeachment al expresidente Collor de Melo en 1992.

¿Hay, como señaló el psicoanalista Tales Ab’Saber en Folha de S. Paulo, un agotamiento del pacto social lulista a partir de estas movilizaciones? El pacto social lulista se constituyó como una composición desde arriba que recuperaba la centralidad del populismo en la política brasileña -según André Singer-, el cual mejoró sustancialmente (aunque de forma gradual y conservadora) la vida de los sectores populares, por medio de programas sociales como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, entre otros, que garantizaban un círculo keynesiano de consumo, inversión y fortalecimiento del mercado interno por incremento de la capacidad adquisitiva de los sectores populares. De allí la apelación de Lula al consumo de los ciudadanos frente a la crisis internacional de 2008-2009 como forma de sobrellevarla.

Ahora bien, el pacto se sostiene también con el apoyo de sindicalistas que manejan fondos de pensión, la parte burocratizada de la clase política y especialmente del PMDB, un partido que se beneficia de la continuidad del statu-quo y del esquema político de intercambios parlamentarios que incluyen fondos de origen oscuro. El pacto social lulista también cuenta con el apoyo de las corporaciones empresariales y las financieras, que como dijo Lula, han ganado como nunca antes en Brasil, a partir de tasas de interés favorables a la especulación, así como una política de atracción de inversiones externas. El lulismo, si bien no representa un proyecto de mera reproducción del capitalismo financiero por su afán desarrollista, sí resulta un “reformismo débil”, como señala André Singer.

Es por ello que estas movilizaciones podrían estar originadas por una percepción que viene sostenida desde hace tiempo, la de que el Gobierno brasileño no se diferencia en nada de todo aquello que “ya estaba ahí”, es decir, la vieja clase política. En este “pacto social” lulista, la clase media ocupa un lugar secundario y aquellos que la representaban históricamente (PSDB), han perdido competitividad electoral de forma significativa en los últimos 10 años. Tres elecciones presidenciales perdidas (2002, 2006, 2010) y la incapacidad de Aécio Neves, candidato para 2014 del PSDB, para constituir una alternativa real de poder al gobierno de Dilma. El descontento de estos sectores, fogoneado por el moralismo de los medios de comunicación, encuentra escasos canales para su expresión política en el sistema de representación formal.
A pesar del importante crujido, para agotar el pacto social lulista es necesario más que una movilización amplia y heterogénea, es preciso una propuesta alternativa de poder capaz de traducir sus aspiraciones en el sistema político. Como es sabido, la relación entre la sociedad y los partidos políticos es cambiante y no se traduce con flexibilidad de un espacio al otro. Deberemos observar esas transiciones con atención en los próximos meses para saber si el cimbronazo de estas protestas es capaz de alterar de forma estructural lo que parecía hasta hace pocas semanas una firme organización del escenario político-electoral brasileño. Según García Linera, vicepresidente boliviano, a toda movilización sucede un momento de delegación. ¿Podrá el momento de la delegación traducirse en una incorporación al sistema político de las demandas expuestas en las movilizaciones horizontales? Dilma deberá dialogar con los sectores protagonistas para ver si su fuerza partidaria, ganando el apoyo social, es capaz de absorber de forma sistémica los reclamos esgrimidos, realizando las reformas necesarias e imposibilitando así que puedan ser apropiadas por proyectos adversarios.

Ariel Goldstein es sociólogo (UBA). Becario Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe