Durante tres años y medio, lejos de Colombia, en la Cuba de la revolución castrista, se ha tejido un complejo acuerdo que debería empezar a extinguir el último conflicto armado en América, que deja 260.000 muertos.

La fallida lucha por el poder que iniciaron hace 52 años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla de origen campesino y orientación comunista, está tocando su fin gracias a un proceso de paz iniciado en noviembre de 2012 que acaba de lograr su acuerdo más importante.

Anunciado ayer, dicho compromiso consagra el alto al fuego definitivo y el desarme de la organización, lo que antecede la firma de la paz. Así, gobierno y rebeldes han convenido 5 de los seis puntos que definieron para terminar con la guerra interna.

Queda por acordar el mecanismo de refrendación de lo pactado. Más allá del procedimiento (plebiscito o consulta popular), serán los colombianos quienes respaldarán o rechazarán en las urnas los compromisos de La Habana.

Sin embargo, la firma y refrendación de la paz con este grupo armado no significará el fin automático del conflicto, porque todavía queda por pactar una solución con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana surgida también en 1964 bajo el influjo de la Revolución cubana.

Simultáneamente, el Estado enfrenta a bandas del crimen organizado vinculadas con el narcotráfico que se formaron tras la desmovilización de miles de paramilitares de ultraderecha.

Entre los acuerdos se destaca el que anunciaron ayer las FARC y el gobierno para lograr un alto al fuego definitivo que deberá empezar a regir en una fecha por anunciar en breve. El pacto también incluye además el desarme de los rebeldes bajo verificación de la ONU. Es la primera vez desde el fracasado cese bilateral del fuego que rigió entre 1984 y 1987, que las FARC se comprometen a bajar las armas.

El conflicto colombiano deja 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,6 millones de desplazados, según cifras oficiales. En diciembre de 2015, las partes anunciaron uno de los acuerdos más complejos de la negociación que busca reparar a las víctimas del conflicto, sancionar a los responsables de delitos graves y garantizar que nunca más se repetirá un enfrentamiento así.

Como parte de ese convenio, se conformarán tribunales especiales que juzgarán a los guerrilleros y agentes del Estado involucrados en delitos relacionados con la lucha. Habrá amnistía para los combatientes que apenas se hayan alzado en armas y los que estén acusados de delitos de lesa humanidad recibirán penas alternativas de prisión si confiesan sus crímenes.

A partir de los años 80, el narcotráfico alimenta y agrava el problema colombiano. En mayo de 2014, las FARC llegaron a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos para la sustitución de cultivos ilegales en sus áreas de influencia. Las autoridades seguirán combatiendo el narcotráfico, pero darán alternativas de sustento a los campesinos que plantan hoja de coca y tratarán el consumo como un problema de salud pública.

Las FARC también se comprometieron a deponer las armas para convertirse en un partido político. En noviembre de 2013, suscribieron un pacto que les otorga garantías legales y de seguridad para que puedan competir en elecciones.

Históricamente, la guerrilla justificó su irresoluta lucha armada en la defensa de los campesinos que viven en condición de pobres y que son víctimas de la violencia implantada por el estado y, en la redistribución de la propiedad agrícola altamente concentrada. En mayo de 2013 anunciaron un acuerdo con el gobierno que prevé la concesión de tierras, acceso al crédito y la instalación de servicios básicos en zonas de conflicto. (I)