El gobierno de Venezuela y la oposición acordaron ayer iniciar un diálogo el próximo domingo, en lo más álgido de la crisis política por la suspensión del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y la propuesta de un juicio político para destituirlo.

El domingo, el enviado del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, se reunió por separado con delegados de la oposición y del gobierno para explorar la posibilidad de un diálogo que ayude a superar la crisis política, anunció el jefe del parlamento Henry Ramos Allup.

En una rueda de prensa, Tscherrig manifestó que ambas partes iniciarán un diálogo el próximo 30 de octubre, en isla Margarita.

El anuncio surgió luego de un fin de semana convulso y tras la sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional venezolana, en la cual la oposición pretendía dar un golpe de Estado parlamentario.

El domingo, el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, llamó a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un “golpe de Estado” del gobierno, tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Maduro, que la próxima semana debía cumplir con la etapa de presentación de al menos el 20% de las firmas del padrón electoral en cada estado.

La sesión fue suspendida casi 45 minutos por la irrupción de grupos que apoyan al gobierno en el hemiciclo y finalmente la Asamblea Nacional declaró en su resolución “una ruptura del orden constitucional” y acordó “convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa” de la Carta Magna “hasta lograr la restitución del orden constitucional” y “solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos” para el “retorno de la democracia”.

Aunque el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, mencionó la posible apertura de un “juicio político” contra Maduro, el tema no fue discutido ni incluido en la resolución. No obstante, los diputados convocaron a sesión para evaluar hoy “la situación constitucional del presidente”, a quien acusan de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, lo que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.

Almagro está contra Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó a los gobiernos miembros del organismo a tomar acciones contra el Gobierno venezolano, por supuesta violación al derecho democrático, que podrán acarrear desde el envío de misiones hasta sanciones contra el Estado.

Almagro advirtió que desde el organismo llamaría a los gobiernos de la región para que tomen acciones contra Venezuela y amenazó con activar la carta democrática. Desde que el uruguayo asumió la jefatura de la OEA en marzo de 2015, se ha referido de manera negativa contra el gobierno de  Maduro.

La semana pasada el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso el proceso de referendo revocatorio presidencial en Venezuela, debido a la sentencia de 5 tribunales regionales de anular la recolección del 1% de las firmas, tras el supuesto fraude cometido por la oposición.

El presidente de la comisión de verificación de firmas, Jorge Rodríguez, detalló que existen una serie de irregularidades entre las manifestaciones de voluntad, debido a que algunas corresponden a personas fallecidas, inhabilitadas por cometer delitos, usurpación de identidad, entre otros.

La constitucionalista María Alejandra Díaz, en entrevista publicada por Telesur, explicó que esta anulación  paralizó el proceso revocatorio a escala nacional. La oposición venezolana debe, de acuerdo al dictamen de los tribunales, recoger de nuevo las firmas del 1% en Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo y Monagas, los estados donde el proceso fue anulado; luego de esto continuaría la segunda fase de la activación del revocatorio.

La recolección del 20% de rúbricas estaba prevista inicialmente para el 26, 27 y 28 de octubre.

Juicio político y mediador

El diputado Héctor Rodríguez reiteró que no existen condiciones para que la directiva de la Asamblea imponga un golpe de Estado parlamentario. Según el funcionario,  el presidente del hemiciclo, Henry Ramos Allup, busca copiar la triste realidad de otros países latinoamericanos al aprobar un documento que promueve el desconocimiento de la institucionalidad del país.

El fin de semana, los diputados del Bloque Parlamentario de la Patria rechazaron la discusión y aprobación del documento que incluye la posibilidad de abrir un juicio contra el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, la Asamblea Nacional, actuando en desacato, aprobó un acuerdo de 6 puntos que establece el desconocimiento del Estado y los poderes legalmente constituidos.   

El acuerdo para la destitución del Presidente constitucional está bajo el argumento de abandono del cargo por su gira de trabajo por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sin el permiso del Parlamento. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de todas las acciones del órgano legislativo por incurrir en desacato al Poder Judicial.

Según el diario español El País,  renovar a las autoridades del Poder Electoral, tanto los tres cargos que fueron nombrados de forma provisoria en diciembre de 2014, como aquellos dos puestos cuyos períodos vencen a finales de año, y designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es la clave del control del poder en Venezuela.

En otro continente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró ayer una gira por Medio Oriente, donde impulsó acuerdos para mejorar los precios del petróleo. Posteriormente viajó al Vaticano, donde tuvo una reunión con el papa Francisco y recibió bendiciones para dirigir la nación. (I)

DATOS

La crisis se agudizó con el desplome de los precios del crudo, con una severa  escasez de alimentos y medicinas, así como una inflación que el FMI calcula en 475% para este año. La oposición sostiene que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro.

Henrique Capriles señaló que la gran protesta nacional convocada por la oposición para mañana podría tener como uno de sus destinos el Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela en Caracas.

El domingo también se produjo un encuentro entre el expresidente panameño Martín Torrijos, integrante de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y el opositor Leopoldo López.

12 países de la OEA, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Chile, instaron al gobierno al diálogo. (I)