Día triste para España. Fue en lo único que ayer coincidieron las partes enfrentadas en el conflicto soberanista abierto en Cataluña después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, respondiera por carta el requerimiento del Gobierno español que “si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlamento podrá proceder a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre”.

Acto seguido, Mariano Rajoy anunció que esa misiva no satisfacía en absoluto la demanda notificada por su ejecutivo, por lo que seguirá “adelante con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución” para intervenir y suspender el autogobierno de Cataluña. La fecha elegida para pulsar el botón rojo político del país es mañana a las 10:00.

A partir de ese momento, el camino que se abre está repleto de sombras. En primer lugar, porque la fórmula elegida para sofocar un incendio que lleva en activo desde 2010 nunca se ha aplicado en los 40 años de democracia y nadie conoce las consecuencias exactas que puede acarrear. Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se pidió ayer que las medidas restrictivas para Cataluña sean “breves, limitadas y que mantengan abiertas ventanas a un diálogo posterior”.

Pero a tenor del clima que hoy se respira en Barcelona, las plegarias socialistas tienen todo el aspecto de que caerán en saco roto ante una realidad incontestable: la fractura política en España ya es colosal.

Entre catalanes a favor y en contra de la independencia, entre catalanes a favor y en contra del diálogo institucional, entre españoles a favor o en contra del derecho a decidir y entre españoles a favor y en contra del diálogo. Y por supuesto entre dos gobiernos que se miran con desconfianza feroz. Pese a hablar el mismo idioma y compartir siglos de historia, el país en su conjunto tiene hoy más similitudes con la Babel bíblica que con un estado del sur de Europa en pleno siglo XXI. Al menos en su concepción sobre la soberanía territorial.

La carta remitida por Puigdemont a Rajoy asegura que la suspensión de la declaración de independencia “sigue vigente”, pero advierte al ejecutivo español que “la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al gobierno del Estado, previa autorización del Senado”, con lo que sitúa cualquier responsabilidad sobre la puesta en marcha de este precepto constitucional sobre las espaldas del ejecutivo.

Además, el presidente regional reprocha a Rajoy de que la oferta de diálogo lanzada el lunes ha obtenido como respuesta un “incremento” de la represión con el encarcelamiento provisional de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Reunión con socialistas

Con Rajoy de viaje oficial en Bruselas, la incertidumbre para conocer cómo había encajado el Gobierno español el contenido de este mensaje se despejó casi de inmediato.

No fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sino el portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, el que leyó la declaración en la que anunciaba que “en vista de que la negativa del Gobierno a atender al requerimiento de que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia” procederán a suspender su autonomía.

Luego añadió: “Que nadie dude de que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar la legalidad y el orden constitucional y frenar el deterioro económico por la inestabilidad que los responsables de la Generalitat provocan en Cataluña”.

Era la crónica de un desenlace anunciado. Con el apoyo incondicional de Ciudadanos, y sobre todo del PSOE, el Gobierno convocó una reunión con los socialistas para detallar qué competencias autonómicas arrebatarán al Gobierno con la aplicación del 155. En principio, todo indica que comenzará el lunes o martes, una vez superado el trámite del Senado, con la consejería de interior, que incluye la dirección de los Mossos d’Esquadra, y la administración financiera de la comunidad catalana.

El presidente Carles Puigdemont será relevado de su cargo y en su lugar será nombrado un administrador designado por la Moncloa con la única función de dar cobertura institucional a la convocatoria de elecciones autonómicas. Pero este paso se presenta  tormentoso porque serán unos comicios distorsionados ante el más que probable boicot de los partidos nacionalistas que ahora cuentan con mayoría parlamentaria.

En el Congreso, los diputados y senadores de Unidos Podemos y las formaciones vascas y catalanas anunciaron ayer que votarán en contra de toda esta batería de medidas que acompañará la suspensión del autogobierno en Cataluña.

En Barcelona, las formaciones independentistas Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP) tampoco se quedaron quietas. Desde primeras horas mantuvieron reuniones y lo único que trascendió es su decisión de retrasar la celebración del presumible pleno donde se debería proclamar la República de Cataluña hasta la próxima semana. No obstante, fuentes de la CUP, la fuerza soberanista de izquierda, confirmaron ayer que el ejecutivo de Rajoy se encontrará con “un país soberano” cuando active los mecanismos que le permita tomar el control de la autonomía catalana. (I)

Lo que dice la constitución

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación.

La Carta Magna incluye una disposición que permite al poder central intervenir de forma directa en los asuntos de una región en caso de crisis.

En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.

Los independentistas dicen haberlo ganado con el 90,18% de los votos, lo que a su juicio los legitima para declarar unilateralmente la independencia.

Para bloquearla, el Gobierno central planea aplicar el artículo 155 de la Constitución, nunca utilizado hasta ahora.

El 155 permite tomar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.

El Gobierno también cuenta con otras herramientas a su disposición. Podría decretar el “estado de alarma”, el “estado de excepción” o el “estado de sitio”.

La aplicación de uno de esos instrumentos puede principalmente afectar la libertad de circulación o de reunión. (I)