El gobierno español decidió este viernes impugnar la simbólica votación sobre la independencia prevista el 9 de noviembre en la región de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, que ya suspendió el referéndum consultivo convocado inicialmente.

Durante el consejo de ministros, "hemos acordado plantear la impugnación al Tribunal Constitucional, al que solicitamos la suspensión de las actuaciones de la Generalitat (gobierno catalán, ndlr) relativas a las actuaciones del 9 de noviembre", afirmó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La segunda del gobierno conservador de Mariano Rajoy, basándose en un informe del Consejo de Estado remitido el jueves, señaló que esta consulta carece de "base legal" y no cumple con las "garantías democráticas" suficientes.

"El recurso se presentará inmediatamente", declaró Sáenz de Santamaría. Una vez el alto tribunal admita a trámite la impugnación, todas las actividades relacionadas con la votación o su organización quedarán suspendidas incluso antes de que los magistrados diriman sobre su legalidad.

Esta consulta simbólica fue anunciada el 14 de octubre después de que el gobierno catalán, presidido por el nacionalista conservador Artur Mas, abandonara el proyecto de referéndum consultivo prometido desde hace dos años debido al bloqueo jurídico propiciado por Madrid.

Entonces, el gobierno español siguió la misma pauta y recurrió el escrutinio ante el alto tribunal, que lo suspendió cautelarmente el pasado 29 de septiembre hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Aunque Mas mantuvo el pulso durante dos semanas y siguió organizando el escrutinio pese a la prohibición judicial, finalmente desistió de su proyecto e impulsó esta consulta alternativa con poco valor representativo en la que no habrá censo electoral, ni comisión de control ni una ley que la ampare.

"Esta consulta no cumple las condiciones democráticas", dijo Rajoy el jueves.
Además, para no poner en riesgo a los funcionarios públicos, el gobierno catalán reclutó a alrededor de 40.000 voluntarios que deberían encargarse de la organización y realización de esta votación a la que estaban llamados 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años.

Según un sondeo del instituto Gesop, 2 millones de personas tendrían intención de participar en esta votación.