Con ojos llorosos, Elver Montaño, un campesino negro de unos 60 años, narra su dolor, desarraigo y miedo como una de las 5,5 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Su caso se analizará desde hoy en el proceso de paz que negocia el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba.

“Yo fui desplazado del municipio de El Charco, donde me tocó dejar todas mis pertenencias luego de un operativo el 22 de marzo de 2007. Salimos 8.500 personas por un combate entre las FARC y el Ejército”, contó este hombre de manos callosas, líder de la Asociación de Desplazados del Pacífico Sur.

Más de 15.000 personas, la mayoría negros e indígenas, fueron expulsadas en 2007 de El Charco, Nariño, uno de los municipios más golpeados por las huidas masivas ante la violencia desatada por operativos contra las FARC, la mayor y más antigua guerrilla del país, según datos oficiales.

“Las FARC no pelean solas, pelean con el Estado y la afectada es la población civil”, resumió Montaño, que hoy sobrevive como puede en Guapi (Cauca, suroeste), donde más del 80% son desplazados por las FARC, pero también por paramilitares y agentes del Estado, principales protagonistas del conflicto que desangra a Colombia desde hace más de medio siglo.

La reparación de víctimas como Montaño, y de otros afectados por muertes, desapariciones, violaciones sexuales y despojo de tierras, entre otros crímenes denunciados, es el próximo punto en los diálogos de paz. Estos son efectuados desde noviembre de 2012 en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Ambas delegaciones comenzarán a discutir el tema hoy y se espera que escuchen al primer grupo de damnificados el próximo sábado.

El pedido de Montaño es muy concreto: que haya un cese al fuego y que se den garantías a las víctimas. “No necesitamos más muertos y desaparecidos”, dijo. Las negociaciones avanzan sin que las partes hayan establecido un alto al fuego como condición para iniciar los diálogos.

Según el estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto colombiano ha cobrado alrededor de 220.000 vidas desde 1958, el 81,5% de civiles. Colombia registra -además- 5,3 millones de desplazados, indicó Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados.

Saber qué pasó con su padre, secuestrado por las FARC el 3 de marzo de 2000 en Villeta (Cundinamarca) cuando iba a pagar el rescate de su hermano plagiado, es el mayor deseo de Liliana Bustos.

“Que nos digan dónde están enterrados nuestros muertos para poder hacer nuestro duelo”, manifestó.

El pedido de verdad para todos, afectados por la guerrilla pero también por paramilitares y agentes estatales, fue el denominador común del Foro Nacional de Víctimas que concluyó el martes pasado en Cali y que llevará propuestas a La Habana.

Sin embargo, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, descartó ayer que esa guerrilla firme la paz con el Gobierno este mismo año, como aspira el presidente Juan Manuel Santos.

Venezuela y Colombia cierran sus fronteras

Las autoridades de Venezuela y Colombia cerraron ayer temporalmente y por un período de 30 días sus fronteras para tratar de combatir el contrabando, aunque algunos representantes del sector empresarial estiman que la medida será insuficiente para atender el problema y gremios de comerciantes y transportistas ya anuncian pérdidas.

Venezuela desplegó 17.000 militares en la amplia frontera que comparte con Colombia para combatir el contrabando de productos básicos y combustibles, que genera millonarias pérdidas al país con la gasolina más barata del mundo, explicaron autoridades.

“Tenemos 17.000 efectivos desplegados en toda la zona fronteriza y son suficientes para garantizar la seguridad”, dijo a la prensa desde el estado fronterizo de Táchira (oeste) el general Vladimir Padrino López, comandante estratégico de las fuerzas militares venezolanas y al mando de la operación.

El sábado, el general también anunció la restricción del tránsito entre las 22:00 (02:30 GMT) y las 05:00 (09:30 GMT) para vehículos particulares y personas, y desde las 18:00 (22:30 GMT) para vehículos de carga pesada, con el fin de “reforzar las políticas soberanas para enfrentar el contrabando de extracción”.

Según el Gobierno venezolano, un 40% de los productos básicos con precios subsidiados que se entregan a las cadenas de distribución es desviado ilegalmente a Colombia, además de gasolina equivalente a 100.000 barriles diarios de petróleo.