Lejos de apagarse, el escándalo creado por la trama de espionaje urdida por el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, amenaza con convertirse en un incendio. Sobre todo tras la comparecencia del director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ante la comisión de asuntos institucionales del Parlamento regional para dar cuenta de sus reuniones privadas con Fernández Díaz sobre tramas de espionaje a destacados líderes soberanistas.

En un tono desafiante, De Alfonso se sentó en sala y a la primera de las preguntas realizadas respondió con un significativo “hipócritas” destinado a los diputados presentes en la comisión “porque todos ustedes se han reunido conmigo”, dijo antes de abrir la caja de Pandora al señalar directamente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como uno de sus invitados ilustres.

“Vino a verme y me dijo que me apoyaría, pero me pidió que le diera algo”, añadió el responsable de la oficina de transparencia catalana en lo que pudo ser su último servicio a la causa ya que la próxima semana será cesado por decisión de todos los grupos salvo el Partido Popular (PP). Pero su presencia en el Parlament no fue el último episodio de un escándalo que nadie se atreve a calcular cuánto afectará a los resultados electorales del día 26. Todo indica que el ajustado resultado que vaticinaron las últimas encuestas publicadas se estrechará aun más el domingo. En el PP se respira una honda preocupación.

El goteo de información sobre esas conversaciones secretas en el Ministerio del Interior español desfiguró ayer un poco más el perfil de víctima adoptado por Jorge Fernández Díaz al publicarse otro extracto del audio filtrado al diario Público en el que el responsable de la Oficina Antifraude presenta al ministro un plan detallado para derrocar al entonces presidente de Cataluña Artur Mas antes del referéndum soberanista celebrado en noviembre de 2014 e impulsar al liderazgo de uno de sus hombres de confianza dentro del partido de Mas. La estrategia, dijo De Alfonso a Fernández Díaz, contaba con el apoyo de destacados empresarios catalanes opuestos a la independencia.

La obsesión de los dirigentes del PP por descubrir al autor de filtrar al diario Público estas delicadas grabaciones también se han convertido en un arma con doble filo para sus intereses. La más grave, sin duda, es la que ha servido para conocer la existencia de una estructura policial desconocida dentro de los Cuerpos de seguridad del estado, la Dirección Adjunta Operativa, que fue creada a instancias del ministro Jorge Fernández Díaz hace cuatro años con la misión de recabar información secreta contra políticos independentistas catalanes que luego amplió contra dirigentes de Podemos. El objetivo último era utilizar cualquier dato que pudiera ser sospechoso para construir escándalos mediáticos que posteriormente la “Fiscalía del Estado se encargaría de afinar”.

Según indicaban a EL TELÉGRAFO fuentes periodísticas de toda solvencia que trabajan habitualmente la información policial, era “una especie de cruzada para la salvación de España de la amenaza independentista o de un posible triunfo electoral de Podemos”, dedicada a fabricar informes sin firma ni sello que eran filtrados a medios de comunicación con una inclinación ideológica concreta. Fernández Díaz decidió colocar como responsable de este grupo especial a un policía que vivió su gran ascenso durante la etapa más dura de José María Aznar al frente del gobierno español pero que fue relegado durante los gobiernos socialistas a tareas menores.

El PP ha optado por cerrar filas en torno al ministro mientras apura las horas para concluir su campaña electoral. Aunque no está permitido publicar sondeos en España, algunas encuestas externas siguen situando a Mariano Rajoy al frente de la carrera hacia el Palacio de la Moncloa. Alentada por estos datos, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió ayer iniciar acciones legales “contra quien haya realizado esas grabaciones y contra quien las haya publicitado”, es decir, el diario Público y el resto de medios de información que se han hecho eco del escándalo.

Aunque Mariano Rajoy comparó la supuesta conspiración del PP en Cataluña con “una broma” y mostró su convencimiento de que las conversaciones que afectan a su ministro del Interior “no producirán ningún efecto en los resultados”, el resto de los líderes políticos apretaron la soga que han colocado alrededor del cuello de la derecha española en sus últimas apariciones públicas.

En Jerez, Pablo Iglesias llegó a cuestionar la “seguridad de las votaciones” si Fernández Díaz continúa como ministro del Interior y desde el PP responden que España “no es Venezuela” sino “un país serio, democrático y garantista, donde las instituciones son independientes”. Y eso lo ratifica a pesar de conocerse el contenido de las reuniones de uno de sus ministros más importantes. (I)