Cuando hace dos años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU empezó a elaborar un tratado internacional que sirviera para regular la actividad de las transnacionales en materia de derechos humanos, muchos países consideraron que se trataba de una oportunidad histórica para garantizar la soberanía de los Estados frente al poder aplastante que ejercen estas corporaciones a escala planetaria.

Tras finalizar hace una semana la fase de consultas con todos los actores, auspiciadas por la presidenta del organismo y embajadora de Ecuador, María Fernanda Espinosa, ahora arranca el difícil proceso de elaborar el primer borrador del futuro tratado antes de que concluya 2017. Uno de los panelistas invitados a estas jornadas fue el letrado español Juan Hernández, experto en legislación internacional y derechos humanos.

¿Qué radiografía presentó al Consejo?

El primer elemento destacado es la impunidad en la que se mueven estas empresas dentro de la globalización, algo que no es puntual sino sistemático. Este hecho permite que las transnacionales se blinden jurídicamente mientras los derechos sociales, medioambientales y humanos son progresivamente desprotegidos. No se trata de especular porque son hechos acreditados sobre vulneraciones practicadas por estas empresas bajo la protección del derecho internacional.

Usted denunció en Ginebra que las transnacionales no están sometidas a ningún control jurídico, ni siquiera el que impone un Estado.

Sí, así es.

¿Cuál es el motivo de esta impunidad?

La complicidad. La mayoría de los gobiernos del planeta participa de la lógica corporativa mediante la preparación de ‘pistas de aterrizaje’ para las transnacionales con el objetivo de blindar sus derechos y reducir sus obligaciones. Jurídicamente lo expresan con leyes que destruyen las políticas públicas para facilitar la desregulación y las privatizaciones.

Esto es muy grave porque quiebra el principio de jerarquía normativa, es decir, la obligación que todos los Estados tienen de proteger los derechos humanos y los mandatos de sus propias constituciones. Desde el momento en el que firma un contrato de inversión con una transnacional, ambos principios quedan subordinados a los tratados comerciales internacionales.

Las grandes corporaciones se defienden asegurando que solo tratan de garantizar su inversión, de tranquilizar a los mercados y de proteger el comercio mundial. Estoy de acuerdo, pero la primera obligación de los Estados receptores de inversiones de multinacionales es proteger a sus ciudadanos y no los intereses de esas empresas.

¿Quién defiende esa situación?

Los acuerdos de comercio y de inversiones, las directrices políticas de las instituciones financieras y, algo crucial, las resoluciones de unos tribunales de arbitraje que son privados. Todo esto provoca que los derechos de las transnacionales sean ejecutivos, imperativos y de aplicación inmediata.

¿Y quién vigila sus obligaciones?

Debería hacerlo el derecho internacional que protege los derechos humanos, pero en la práctica no es así, porque es muy frágil. Eso tratamos de cambiar con este tratado que impulsa el Gobierno de Ecuador, junto a otros países como Sudáfrica, Bolivia o Cuba.

¿Por qué es tan frágil defender los derechos humanos frente a los intereses privados?

Hay expertos y algunos gobiernos que cuestionan la exigibilidad de ciertos derechos humanos. Por ejemplo, si alguien reflexiona sobre las causas del hambre en el mundo, la respuesta es porque no existe una ley imperativa que obligue a ningún país a acabar con esa lacra. El problema al que nos enfrentamos es que no todos los derechos humanos son judicializables. Pero hay normas internacionales que impiden, por ejemplo, el trabajo infantil.

Sí, pero su justiciabilidad es muy débil. Dicho de otra manera, si Bangladesh denuncia que varias multinacionales utilizan mano de obra infantil para confeccionar sus productos, se encontrará con que no existe un tribunal internacional que obligue a las empresas a cumplir la normativa sobre protección de la infancia.

Otro ejemplo: si un tribunal de arbitraje, como Ciadi, sanciona a Ecuador con un laudo favorable a una empresa petrolera que ha causado daños irreparables al medio ambiente y a miles de ecuatorianos, al Estado no le quedará más remedio que pagar para no sufrir las nefastas consecuencias de embargos y boicots financieros. Así de injusta es la justicia internacional en la actualidad. En Ginebra tenemos ahora una buena oportunidad para mejorarla.

También denunció la connivencia de los Estados receptores, pero muchos de ellos parecen estar abocados a aceptarlo debido a su situación financiera. ¿Qué hacen los Estados matrices de esas corporaciones para vigilar la actividad de sus transnacionales?

Nada. No se exige ninguna responsabilidad jurídica, ni a la empresa ni a su filial, ni siquiera a una contratista. El ejemplo más claro es el colapso en 2013 del edificio de ocho plantas Rana Plaza en Daca, Bangladesh, donde murieron más de 1.300 personas que trabajaban para grandes marcas de moda internacional. ¿Qué responsabilidad jurídica se exigió a las empresas? Ninguna.

¿Por qué?

Porque existe una anomalía jurídica en la cadena de proveedores que neutraliza su responsabilidad, pese a ser los beneficiarios de la mercancía. Para ellos, da igual el proceso, si es fabricado por menores o si ha provocado una tragedia. La propuesta que hemos hecho en el Consejo es que eso no es posible porque hay una responsabilidad de doble imputación en la cadena de producción, desde la empresa matriz a sus contratistas, bien sea penal o administrativa, bien sea por autoría, coautoría, complicidad o inducción.

¿Cree que esta iniciativa puede ser aceptada por los países productores de transnacionales?

Hay una tensión muy fuerte entre dos grandes bloques en el seno del Consejo de Naciones Unidas. Por un lado, la presidencia que ostenta la embajadora ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, está manteniendo una posición muy firme en defensa de los derechos humanos y la regulación de esta jungla que hoy representan las inversiones transnacionales. A su lado están Sudáfrica, con todo lo que arrastra de influencia en el continente africano, y países como Bolivia o Cuba. Habrá dificultades, sin duda, pero lo intentaremos.  

Los países ricos interpretan que ese tratado merma su soberanía financiera.

Sí, pero habría que diferenciar entre la soberanía de los Estados, y aquí pueden entrar países con gobiernos muy neoliberales que rechazan la vigilancia de una justicia externa en estas actividades; y la soberanía de los pueblos, que es la que denuncia los excesos de las grandes corporaciones. (I)