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El Telégrafo
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Referéndum secesionista está fijado para octubre

El 41,1% de los catalanes está a favor de la independencia

Defensores del referéndum secesionista de Cataluña se manifiestan en Barcelona, España.
Defensores del referéndum secesionista de Cataluña se manifiestan en Barcelona, España.
Foto: AFP
22 de julio de 2017 - 00:00 - Gorka Castillo. Corresponsal en Madrid

En medio de una tensión política irrespirable, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat catalana (CEO) certificó en la primera encuesta sobre el referéndum secesionista anunciado, pero aún no convocado, del próximo 1 de octubre, que los partidarios del Sí siguen a la baja.   

Según el órgano sociológico del Gobierno de Cataluña, entre aquellos que manifiestan su decisión clara de que votarán en la consulta, en torno al 67% del censo total, los independentistas obtienen una victoria clara con el 62% de los votos frente al 37% de votos que lograría el no a la ruptura unilateral con España.

Sin embargo, la estimación del CEO es que, en términos globales, el 41,1% de los catalanes está a favor de la independencia, tres puntos menos que en marzo, mientras que los contrarios suponen ya el 49,4 %, un punto más que hace 4 meses.

Estos ocho puntos de diferencia son la mayor brecha entre el no y el sí en toda la serie histórica.

“Es una evolución clara”, aseguró Jordi Argelaguet, director del CEO durante la presentación de las cifras.

En cualquier caso, el independentismo sigue perdiendo fuelle en Cataluña a medida que se aproxima la fecha señalada y el enfrentamiento político con el Gobierno español aumenta la incertidumbre.   

A las dimisiones en cadena que viene sufriendo el ejecutivo de Carles Puigdemont en las últimas semanas por miedo a las medidas judiciales que prepara el gobierno de Mariano Rajoy para evitar el plebiscito, se unió ayer el anuncio del Ministerio de Hacienda de que a partir de hoy verificará semanalmente todos los gastos que realice el Gobierno catalán hasta el 1 de octubre próximo.

Se trata de una decisión inédita en la democracia española porque supone un paso más hacia la aplicación del artículo 155 de la Constitución que contempla la suspensión de las competencias autonómicas, algo que comienza a ser demandado desde algunos sectores políticos españoles. (I)  

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