Estados Unidos mantendrá las sanciones económicas a Venezuela pese a la liberación del mormón estadounidense Joshua Holt, un "gesto" a través del cual Caracas aspira a activar un diálogo con el gobierno de Donald Trump.

Holt y su esposa, la venezolana Thamara Caleño, se reunieron el sábado 26 de mayo en la Casa Blanca con Trump, horas después de ser puestos en libertad en Caracas tras pasar casi dos años detenidos acusados de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Han pasado por mucho. Mucho más de lo que la gente puede soportar", les dijo Trump en la Oficina Oval, ante los radiantes padres de Holt y los sonrientes legisladores y funcionarios que participaron en las negociaciones para la liberación.

Pero Washington advirtió que esto no supone un giro en su posición hacia Caracas, a la que impuso nuevas sanciones económicas tras la reelección de Maduro en comicios que consideró "una farsa".

"Muy contento de que Josh Holt esté de vuelta en casa con su familia (...) Las sanciones continúan hasta que la democracia regrese a Venezuela", escribió el vicepresidente Mike Pence en su cuenta de Twitter.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, coincidió con esas apreciaciones: "La política de Estados Unidos hacia Venezuela permanece sin cambios", afirmó en un comunicado.

"Hasta que Maduro permita elecciones libres y justas, seguirá enfrentando sanciones punitivas", dijo el senador Marco Rubio, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, quien antes aseguró que la liberación había sido "INCONDICIONAL".

Caracas había dicho anteriormente que la liberación de Holt buscaba un acercamiento con Washington. "Este es un gesto que enaltece a nuestro presidente (...) y que esperamos sea leído por esos factores que de manera permanente promueven la agresión y la violencia contra Venezuela como una intención profunda de búsqueda de paz", declaró el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez.

Estados Unidos impuso en 2015 las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos, que se fueron endureciendo desde agosto pasado y afectan actualmente a unas 70 personas y a una treintena de entidades, entre ellas la estatal petrolera PDVSA.

Las últimas medidas fueron repudiadas por Maduro y resultaron en la expulsión mutua esta semana de los máximos representantes diplomáticos de ambos países, que no intercambian embajadores desde 2010. (I)