La Cámara de Diputados de Brasil formó este jueves una comisión especial, que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, por irregularidades contables en las que el Gobierno supuestamente incurrió en sus balances de 2014 y 2015.

El anuncio, hecho por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien responde ante el Tribunal Supremo a un proceso por presunta corrupción vinculada a la estatal Petrobras, fue festejado por los opositores, que entonaron el himno nacional entre las protestas de los legisladores del oficialismo.

La elección se dio en medio de un constante alboroto, con la bancada opositora entonando "Fuera Dilma" y el oficialismo respondiendo "golpistas".

La comisión estará compuesta de 65 miembros. Las formaciones con mayor participación serán el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer -primero en la línea sucesoria en caso de una destitución- y que alberga alas disidentes que apoyan el juicio político.

Cada una de esas formaciones tiene 8 miembros en la comisión, dos más que el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), mientras que los otros 20 partidos representados contarán con hasta cuatro diputados.

Este cuerpo legislativo ahora deberá elegir a su directiva y al diputado que actuará como instructor y notificar oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de 10 sesiones para presentar su defensa.

Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras 5 sesiones y luego la comisión votará sobre el informe que preparará el diputado instructor del caso.

Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al plenario. Si las dos terceras partes de los diputados (342 de un total de 513) votan por proseguir el juicio contra Rousseff, la iniciativa pasará al Senado, de lo contrario, será archivada.

Si el Senado decide iniciar el juicio político, la mandataria deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución.

El proceso inició en diciembre pasado, pero fue interrumpido por una decisión de la Corte Suprema, que identificó "errores de procedimiento" en la elección de los miembros de la comisión especial designada nuevamente hoy en la Cámara baja. El Supremo esclareció el trámite este miércoles. (I)