La sesión en la cámara de Diputados de Brasil que decidirá si el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff avanza al Senado comenzó este domingo a las 14H00 locales (17h00 GMT).

"Esta abierta la sesión bajo la protección de Dios y en nombre del pueblo brasileño", dijo el presidente de la cámara, Eduardo Cunha, en medio de consignas cruzadas de "no al golpe" e "impeachment ya".

La sesión tardó en arrancar, por acaloradas discusiones entre los parlamentarios, que llegaron hasta los empujones.

Instantes antes del inicio de la sesión, un grupo de diputados que respaldan al gobierno comenzó a gritar "¡Democracia!" para tapar la voz del jefe de la cámara, que daba una rueda de prensa. Una pancarta en la que se leía "Fuera Cunha" en grandes letras rojas fue desplegada en plena deliberación.

El discurso del relator del impeachment Jovair Arantes también fue varias veces interrumpido.

Brasil en vilo

Los ciudadanos permanecerán hoy en vilo hasta cerca de la medianoche, cuando concluya en el plenario de la Cámara de Diputados la votación sobre la admisibilidad del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

Masivas manifestaciones a favor y en contra del proceso se realizaban en Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades del país.

El proceso en la cámara baja, denunciado ayer por la propia mandataria como el mayor fraude jurídico y político en la historia de esta nación, demandó alrededor de 34 horas de debate ininterrumpido en siete sesiones plenarias, durante las cuales se pronunciaron 273 discursos, muchos de ellos con escasa presencia de legisladores.

Tanto el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha como el relator de la comisión especial de impeachment Jovair Arantes garantizaron que la sesión de hoy comenzará a las 11:00 hora local, para cerrar las discusiones, e iniciar la votación tres horas después.

Para que el pedido de juicio político sea admitido deberán respaldarlo con su voto 342 legisladores, una cifra que según el Gobierno será difícil de alcanzar por la oposición.

De acuerdo con el ministro-jefe del Gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner, hasta anoche tenían garantizados 179 votos contra el procedimiento destituyente, siete más de los requeridos para que la solicitud sea archivada.

Por otra parte, dijo el diario digital Brasil 247, en las últimas horas creció a ojos vista un movimiento "Ni Dilma, ni (el vicepresidente Michel) Temer" que pudiera reunir hasta 30 congresistas quienes se abstendrían a la hora de votar, una posición que en la práctica reduce las posibilidades de admitir el pedido de juicio político.

Asimismo, y según dijo en las redes sociales el senador Roberto Requiao, con la desmoralización del impeachment muchos diputados abandonaron Brasilia y no regresarán hasta el martes próximo.

La propia publicación acotó que este sábado registraron su presencia en el plenario solo 409 de los 503 legisladores. Los restantes 104 habrían salido de la capital y apagado sus teléfonos móviles.

La última sesión de debates y la votación serán seguidos en las afueras del Congreso Nacional por miles de manifestantes contrarios y a favor del proceso destituyente, los cuales serán vigilados por cuatro mil agentes y separados por lo que acá han llamado el Muro de Brasilia, un vallado metálico especialmente construido para la ocasión.

En la Operación Explanada tomarán parte tres mil efectivos de la Policía Militar del Distrito Federal y 300 del Congreso, así como 700 policías civiles, contingentes de bomberos y de la Dirección de Tráfico.

Según explicó la secretaria de Seguridad Pública Márcia de Alencar se controlará la dispersión de los manifestantes para evitar enfrentamientos. El primer grupo que dejará la Explanada de los Ministerios será el que obtenga el resultado negativo en la votación.

Por otra parte, la Federación Nacional de Policías Federales informó ayer que los extranjeros que participen en actos políticos durante este fin de semana podrán ser detenidos y expulsados del país.

La ley brasileña establece que los extranjeros no pueden ejercer actividad política o participar en desfiles, marchas, manifestaciones y reuniones de cualquier tipo en Brasil, bajo pena de prisión de uno a tres años y expulsión, advirtió la institución.

El pedido de juicio político contra Dilma Rousseff se sustenta en un presunto crimen de responsabilidad que la jefa de Estado niega haber cometido.

Impeachment sin fundamento jurídico es golpe de Estado, sostuvo en más de ocasión la Presidenta, quien aseguró que trabajará todos los días hasta el final de su mandato, el 31 de diciembre de 2018, y a partir de la próxima semana, tras darle vuelta a esta página, propondrá un gran pacto nacional para superar la crisis y recuperar el crecimiento. (I)

FUENTES: Prensa Latina / Agencia AFP