La Corte Suprema de Brasil autorizó la investigación de la suspendida presidenta Dilma Rousseff por presunta obstrucción de la justicia, a pocos días de que comience su juicio de destitución en el Senado.

La fiscalía intenta averiguar si Rousseff buscó obstaculizar las investigaciones sobre el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el marco del megafraude a la estatal Petrobras al designarlo como ministro jefe de su gabinete en marzo.

Lula, presidente de Brasil de 2003 a 2010 e ícono de la izquierda latinoamericana, y al menos dos exministros de Rousseff también serán investigados por obstrucción de la justicia.

La decisión de la Corte Suprema, que responde a un pedido de la fiscalía, convierte a Rousseff en formalmente investigada en relación a la llamada 'Operación Lava Jato', que desde 2014 busca desentramar una red de corrupción que desvió más de 2.000 millones de dólares de la petrolera.

Propone referéndum

Rousseff  se jugó el martes una de sus últimas cartas frente al riesgo de ser destituida por el Senado y en un pronunciamiento el martes propuso hacer un plebiscito para adelantar elecciones y un pacto nacional para pacificar el país, en el marco de un proceso de juicio político al que calificó como un “golpe”.

En un ‘Mensaje al Senado Federal y al Pueblo Brasileño’, Rousseff pidió “cerrar” el proceso de juicio político por el cual fue suspendida el 12 de mayo y que entrará en su fase final el 25 de agosto.

“Necesitamos fortalecer la democracia en nuestro país y para esto será necesario que el Senado cierre el proceso de destitución, que soy inocente”, dijo la jefa de Estado suspendida y reemplazada por su vice, el interino Michel Temer, quien se pasó a la oposición y es tildado de “golpista”.

El mensaje fue leído por Rousseff en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial donde trabaja desde que fue suspendida. Estaba flanqueada por sus exministros, quienes negocian para que el Senado no logre los dos tercios de los votos (54 de 81) que la pueden destituir por supuestos delitos contables en el presupuesto 2015, una acusación que ella califica como un “golpe”.