Brasil tiene dos presidentes y un laberinto político de alto riesgo institucional. Dilma Rousseff fue suspendida por el Senado y el vicepresidente que la traicionó, Michel Temer, asumió como gobernante interino de la mayor economía latinoamericana, con una agenda neoliberal que comenzará por cerrar filas detrás de Estados Unidos y reducir el peso de sus relaciones con América Latina y el resto de los Brics (Rusia, India, China y Sudáfrica).

El gobierno del abogado constitucionalista Temer ya dio un mensaje sobre su perfil conservador: no habrá mujeres en su gabinete, en el cual suprimió el Ministerio de Cultura e ingresó como copiloto del “golpe parlamentario” el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), con el excandidato presidencial derrotado en 2002 y 2010,  José Serra.

El Senado (55 votos contra 22), en un proceso calificado de golpista por el gobierno y los movimientos sociales, votó por el alejamiento de Rousseff  durante 6 meses hasta recibir el veredicto definitivo, luego de una sesión de 20 horas que ya contaba con las cartas marcadas.

La decisión se produjo cuatro años después de que en Paraguay, a través de un juicio político, se destituyera a instancias del vicepresidente, el liberal Federico Franco, al presidente constitucional Fernando Lugo, el único mandatario progresista de la historia del país.

“No existe justicia más devastadora que condenar a una inocente. Esta farsa política se debe al hecho de que como presidenta nunca acepté chantajes. Pude cometer errores, pero no cometí delitos”, dijo Rousseff en su último discurso antes de dejar el Palacio del Planalto, la sede del Gobierno, adonde llegó el 1 de enero de 2011, tras ser elegida con Temer. Ambos fueron reelegidos en 2014, pero su compañero de fórmula, un astuto personaje de la política doméstica, presidente del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), la traicionó.

Es difícil el regreso de Rousseff. Necesita ser absuelta al menos por 54 de los 81 votos del Congreso. Requiere que 2 votos sean revertidos en este proceso.

Rodeada de 3.000 personas bajo el sol de Brasilia y al lado de su mentor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acompañaba cabizbajo la salida del gobierno, Rousseff sostuvo: “Jamás abandonaré la lucha, porque la lucha por la democracia no tiene fecha de vencimiento”, dijo Rousseff, quien agregó que el país vive el golpe contra ella, similar al que instaló la dictadura que la torturó durante 22 días seguidos y la encarceló entre 1970 y 1972.

“Yo enfrenté el desafío terrible, sombrío, de la dictadura y de la tortura. Enfrenté como muchas mujeres en este país, el dolor de la enfermedad (cáncer linfático). Y ahora lo que más me duele es esta situación que estoy viviendo. El dolor de la innombrable injusticia, de la traición”, dijo, escuchando el coro de la militancia gritando “Fuera Temer”.

Dilma salió del Palacio del Planalto hacia el Palacio de la Alvorada, a 4 kilómetros, donde residirá hasta que finalice el juicio. El jefe del Senado, Renán Calheiros, le mantuvo el salario de $ 7.000.  

La votación duró hasta las 06:34. Fueron 20 horas de una sesión cuyo resultado estaba previsto. Serra, senador y ahora canciller, declaró a nombre de la oposición en su discurso: “el gobierno (de Dilma) cometió errores de irresponsabilidad fiscal y en el manejo político. Siempre pensé que Dilma no iba a terminar su mandato en 2018”.

Desde el oficialismo, el senador Humberto Costa, jefe del bloque de senadores del PT, sostuvo: “lo que está en marcha es un golpe descarado convertido en elección indirecta porque los que eran oficialistas se pasaron a la oposición”.

No hubo grandes manifestaciones, ni en la noche, ni durante el día. Durante la vigilia de la votación, militantes de izquierda fueron reprimidos en Brasilia con gas de pimienta. En Sao Paulo, unas 30 personas lanzaron fuegos artificiales y festejaron con champaña frente a la cámara empresarial que financió la campaña del impeachment, la Federación del Estado de Sao Paulo.

El gobierno batió en la misma tecla desde el primer día: que el juicio político abierto el 3 de diciembre fue una venganza de la mano derecha de Temer, Eduardo Cunha, el diputado del PMDB, opositor, que abrió el juicio político cuando Rousseff se negó a protegerlo de la justicia. No alcanzó y la estrategia será revisitada para capturar votos de diputados.

“El gobierno de Temer deberá hacer las cosas bien porque el juicio político aún debe juzgarse, fue apenas admitido. Yo voté por aceptarlo pero mucho dependerá de lo que haga Temer”, dijo el senador opositor Cristovam Buarque.

El Senado se convertirá en un tribunal, por donde pasarán testigos y pruebas sobre los decretos de ejecución presupuestaria que fueron adjudicados como delitos contra la ley fiscal. “Todos los presidentes hicieron eso desde 1995 y no era delito”, subrayó Rousseff.

Con la gran protección de la cadena Globo, que se pasó durante toda la jornada negando que se tratara de un ‘golpe’ y tapando los cánticos de los manifestantes en su contra, Temer presentó su gabinete, con fuerte presencia conservadora y ninguna mujer en la primera fila de los ministerios.

Eso sí, le dio superpoderes al ministro de Economía, Henrique Meirelles, para llevar adelante un plan de ajuste para reducir un déficit fiscal récord, producido al ritmo del cese de los precios de las materias primas y la desaceleración china. El desempleo, en diciembre de 2014, era en Brasil del 4,7%. Actualmente supera el 10%. 2015 hizo trizas a la economía, que cayó 3,8% y hoy se encuentra en recesión.

El proyecto de Lula se cae

La caída de Rousseff se produce trece años después de colocar al Partido de los Trabajadores (PT) en el poder. Lula es testigo de la caída de su proyecto y ahijada política Rousseff, a quien eligió para sucederlo y preparar el terreno para un regreso en 2018.

Lula, considerado el mejor presidente de la historia de Brasil según las encuestas, deberá someterse a partir de hoy, nuevamente, a la investigación de corrupción Lava Jato, ya que su expediente volverá desde el Supremo Tribunal Federal hasta el juez de primera instancia Sérgio Moro, en Curitiba, capital del estado de Paraná.

“La Lava Jato seguirá apenas contra el PT y sobre todo contra Lula, esto formó parte de la estrategia del golpe”, denunció Regina Sousa, senadora del PT, durante su discurso en la sesión que suspendió de la presidencia a Rousseff. Con la caída de Rousseff, Lula comprobó algo que ya en marzo de 2015 había escrito y divulgado entre sus asesores más cercanos en el instituto que dirige: el modelo económico y político se había agotado.

Cuando estaba terminando su segundo mandato, en 2009 Lula eligió a Rousseff, su jefa de gabinete, como candidata a sucederlo. Ella tenía fama de una “gerentona” dura, sin vicios partidarios ni experiencia electoral. Apenas había sido secretaria de Energía de Río Grande do Sul y militante contra la dictadura en grupos de resistencia.

Con el juicio político abierto, Lula se acercó cada vez más a Rousseff y lanzó en forma de advertencia el mensaje de que quería volver a ser presidente en 2018.

En medio de una campaña de la TV Globo y todos sus medios gráficos sobre Lula, el juez Moro llegó en el caso Petrobras cerca del ex presidente. La fiscalía de Curitiba sospechó de las conferencias que Lula dio cuando salió de la presidencia pagadas por empresas constructoras en todo el mundo, hablando de lobby y de lavado de dinero, que ahora también está en la mira de las autoridades judiciales. (I)

El secretario de la Unasur denuncia poderes de facto en contra de Rousseff     

Ernesto Samper (foto), secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), rechazó el juicio político aprobado contra Dilma Rousseff, presidenta de Brasil.

El representante del organismo señaló que lo que sucede en ese país es una “conspiración contra la democracia”.

Bajo este antecedente, el funcionario opinó que esa situación evidencia que Brasil vive actualmente un “golpe de Estado pacífico” y advirtió que -desde sus funciones- está “en la obligación de alertar cuando esté en peligro la democracia”.

Estas expresiones se conocieron ayer en la sede del organismo, desde donde el titular manifestó que es un momento difícil para la región por la decisión que planteó el Senado del país para iniciar el proceso de destitución de la dignataria. Su postura se conoció luego de que el Senado brasileño aprobara el juicio político en contra de Rousseff.

El proceso político fue respaldado por 55 votos a favor (solo eran necesarios 41 y 22 en contra).

No es la primera vez que la Unasur manifiesta su postura ante la situación del país. A inicios de este mes, el secretario general emitió un comunicado en el que exhortó a los senadores brasileños a votar “como jueces y no como políticos la decisión de la Cámara de diputados de avanzar en el juicio de destitución de la presidenta”.

Luego de que se conociera la resolución de los magistrados, Samper indicó que la Secretaría General de la Unasur ha hecho un seguimiento cercano del proceso y sobre los señalamientos formalizados en contra de Rousseff. Añadió que en este caso se abre una serie de preocupantes y de interrogantes, no solo para la consolidación del estado de derecho de Brasil, sino también para los países regionales.

“Estas circunstancias de inestabilidad se   profundizaron y podrían trasladarse de manera peligrosa a la región”, expresó.

El titular de la Unasur reiteró que el organismo registró con preocupación “la existencia en Latinoamérica de poderes fácticos, de unos actores políticos que   hacen política y que de una manera peligrosa entorpecen y comprometen la gobernabilidad, la política y estabilidad democrática de la región”.

Advirtió que hay grupos económicos y algunos sectores mediáticos, y hasta jueces, que aceptaron llevar procesos con una fuerte incidencia mediática que -de alguna manera- corresponde a un “fenómeno muy peligroso” de judicializar la política, lo que podría originar la politización de la justicia.

“Una serie de actores políticos que están haciendo políticas sin responsabilidad política y están haciendo un grave daño a las posibilidades de gobernabilidad democrática, no solo en Sudamérica, sino también en Latinoamérica”, expresó.  

Samper reiteró su postura, tras señalar que no es posible la destitución de la presidenta de Brasil.

Recordó que los artículos 85 y 86 de la Constitución de dicha nación son claros en señalar que se puede iniciar el procesamiento del presidente de la

República, frente a la existencia de causas que comprometan la conducta personal del mandatario o por infracciones de carácter administrativo.  

A criterio del secretario general de la entidad, no hay una sola imputación en el proceso contra Rousseff que comprometa la conducta personal de la presidenta de Brasil, y los cargos de carácter administrativo formulados no dan lugar a un proceso de destitución.

Añadió que ese proceso legal atenta directamente el principio de separación de poderes, porque “le da a los congresos la posibilidad de criminalizar actos administrativos y de proceder en consecuencia”.

A juicio de Samper, con este proceso no hay un problema ideológico, sino un problema de “ética política”, por lo que se seguirá haciendo un seguimiento cercano del proceso que se inició.

Por otro lado, alertó que si se continúa con este trámite se podría llegar a una ruptura que tendría que analizarse con la Carta Democrática. “Están conspirando contra la democracia”.

De acuerdo a la Carta Magna de Brasil, el hasta ahora vicepresidente, Michel Temer,  ocupará el cargo de presidente en funciones en los próximos 180 días.

En ese lapso, Rousseff podrá preparar su defensa. Sobre este punto, Samper recordó que Rousseff tiene el derecho a presentar las pruebas de descargos y los respectivos argumentos jurídicos.

En esa línea, el secretario comparó la situación con la de Venezuela. Agregó que los pueblos deben tener garantía de cualquier manifestación de carácter pacífica.

Como último punto, el funcionario concluyó que Rousseff sigue en condición de presidenta de su país mientras se resuelve el juicio. (I)